Jordi Pujol Ferrusola podría ingresar en prisión provisional

Ingresar en la cárcel o, al menos, perder el permiso para salir de España. Son las medidas cautelares que reclama como acusación popular en la causa Unión Progreso y Democracia para Jordi Pujol Ferrusola. La Audiencia Nacional ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción si conviene repetir el interrogatorio del primogénito y, en su caso, imponer las citadas sanciones.

Los abogados de la formación liderada por Andrés Herzog presentaron su escrito el pasado 18 de noviembre ante el Juzgado Central de Instrucción 5. El magistrado pone ahora a disposición de las partes personadas las actuaciones relativas a un informe facilitado por las autoridades de Andorra. Según la investigación, su contenido apunta a importantes movimientos de dinero de dudosa procedencia que el mayor de los hermanos presuntamente repartía entre el resto de los miembros de la familia Pujol.

Petición a la Audiencia Nacional

En la misma providencia, el juez requiere otro informe a la Fiscalía, en este caso relativo a la petición de sobreseimiento de un empresario vinculado a los negocios de Jordi Pujol Ferrusola. Se trata de A.G.K. , que declaró en noviembre de 2014 por pagos sin contrato de su compañía, Life Mataró, a cambio de una supuesta asesoría del principal investigado.

El juez de la Mata certificó que Jordi Pujol Ferrusola trasladó su fortuna en plena investigación desde Andorra hasta Panamá y otros paraísos fiscales. La UDEF calcula un patrimonio de alrededor de 900 millones de euros. El padre, Jordi Pujol Soley, la madre Marta Ferrusola y los siete hermanos están procesados en la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción 5 investiga la causa desde que el 17 de enero de 2013, la exnovia del primogénito, María Victoria Álvarez, ratificara ante el juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra a su entonces pareja para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.

En el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio entre Pujol junior y Mercé Gironés que, según el juez y la teniente fiscal Anticorrupción, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que directa o indirectamente declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña". En base a la documentación de las cuentas bancarias facilitada por Andorra, el dinero se podría haber repartido a partes iguales entre los depósitos de su madre y sus hermanos.