Investigan a Victoria Rosell, la juez estrella de Podemos

Investigar a un acusado de corrupción y colaborar paralelamente con sus negocios. Es la sospecha sobre el comportamiento de Victoria Rosell como instructora de la causa contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Ya lo denunció ante el CGPJ la fiscal Evangelina Ríos, que trata de dilucidar si la juez, ahora en excedencia, dirigió la causa mientras su marido, el periodista Carlos Sosa, negociaba la venta de una licencia de radio al propio investigado, algo que debería haber obligado a Rosell a abstenerse de seguir al frente de la instrucción.

El Gobierno canario prohibió al presidente de la UD Las Palmas continuar con las emisiones de radio del club en la frecuencia 93.8 FM al carecer de autorización. Según explican fuentes de la investigación, de esta práctica surgían importantes contratos publicitarios. Sin embargo, Miguel Ángel Ramírez buscó la alternativa en un acuerdo con Carlos Sosa, que cedió la prestación de servicios en otra emisora para que el directivo la explotase. El montante de la operación supera los 300.000 euros. Tres días después de la rúbrica, el pasado 26 de octubre, Victoria Rosell se incorporó a las listas de Podemos en Las Palmas para las próximas elecciones generales.

Extraños retrasos

La fiscal denunció ante el CGPJ a principios de 2015 extraños retrasos en la instrucción encabezada por Victoria Rosell. En esta pieza de la investigación en torno al presidente, la representante del Ministerio Público trata de averiguar hasta qué punto tuvo que ver con los negocios de Miguel Ángel Ramírez y su marido. La causa investiga delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que le reclama 13 millones de euros. El presidente de la UD Las Palmas ya fue condenado a tres años de cárcel por construir de forma ilegal varias infraestructuras sobre una zona protegida, aunque recibió el indulto del Tribunal Supremo. Una segunda condena supondría su ingreso inmediato en prisión.

Las pesquisas actuales recayeron por reparto sobre la juez Victoria Rosell. Se investigan acciones desarrolladas entre 2008 y 2013, por las que se ha solicitado documentos sobre el pago de dietas a sus empleados. Miguel Ángel Ramírez es propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, la mayor compañía de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España. Transcurrido el plazo para presentar la documentación, la juez enrolada en las filas de Podemos aprobó una ampliación al entender que no le había dado tiempo a recopilar los archivos. A través de varias decisiones denunciadas por la representante de la Fiscalía, este paso se ha ido retrasando de forma que los documentos aún no han llegado al Juzgado.