No es difícil elaborar un diagnóstico para la Justicia española. Solo hace falta acercarse a la Constitución y entender que el conjunto normativo ha de velar por la agilidad del procedimiento y la independencia de los jueces y magistrados. Viendo el grueso de los programas electorales para las elecciones generales, se pone de relieve la necesidad de revisar aspectos concretos en materia jurídica. Algunos compartidos, como la capacidad de maniobra del Consejo General del Poder Judicial, el órgano del Gobierno nacido para velar por la garantía de independencia de los profesionales frente a los demás poderes del Estado.
Un punto que recoge el programa en materia de Justicia del Partido Popular para las elecciones generales. Dentro de las propuestas a detallar, resalta por encima del resto el impulso de una Estrategia Nacional de Justicia. La estrategia emanaría de una mesa con la participación de todos los actores (Poder Judicial, Ministerio Fiscal, operadores jurídicos, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas) con el objetivo de reflejar "la realidad de la sociedad española de hoy y las demandas de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia". Así continúa el catálogo de promesas del PP para satisfacer esas demandas en cuestiones como la calidad, la agilidad y la independencia del trabajo de los juzgados y los tribunales.
Agilidad y calidad
En cuanto a las directrices generales, el programa hace especial hincapié en agilizar la Justicia. Para ello, recoge medidas como implementar nuevos procedimientos tecnológicos, potenciar formas procesales como el arbitraje o la mediación, elaborar un plan que mejore la distribución de las cargas de trabajo entre juzgados o regular la acción colectiva, es decir, la resolución agrupada de conflictos iguales. También se refiere a la calidad y, en este sentido, propone la gestación de nuevas fiscalías especializadas para la protección de personas con discapacidad o de propiedad intelectual, la disposición de Oficinas de atención a las víctimas o un nuevo modelo de Registro Civil.
Recoge también horizontes como los de una justicia gratuita, transparente y comprensible, compartidos por todas las formaciones políticas. Si hay un concreto en el que el Partido Popular haga una especial detención es la protección a menores. Prevé potenciar la reparación específica para las víctimas, establecer un protocolo de orientación sobre la forma de examinar, investigar u obtener testimonio de un niño inmerso en un proceso judicial o ambientar "salas amigables" en las que este colectivo se sienta cómodo para colaborar. Aboga también por un esfuerzo en la lucha contra la sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores. Y dos últimas direcciones: por un lado una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa y por otro reformas procesales en materia de desahucios, con el fin de reforzar la claridad normativa.
Independencia del Poder Judicial
Es el aspecto más reclamado por los partidos emergentes y el eje de los programas electorales. La propuesta del Partido Popular incluye un acuerdo con todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Sería una forma de conjugar las múltiples recetas para su reforma, no solo desde organismos políticos, sino también desde colectivos de magistrados y asociaciones. Se suma a la revisión de los procesos de selección de jueces y magistrados y a la apuesta por su especialización. Por último, elevaría los recursos destinados al ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para facilitar su trabajo.
Así es negro sobre blanco el proyecto popular de una Estrategia Nacional de Justicia, basada en la integración de opinienes de todos los profesionales y partidos.