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Conservadores y socialistas del Constitucional legalizan el “enchufismo” de la Junta

Sólo ha habido dos votos particulares, de Pedro González Trevijano y Juan José González Rivas, que tienen una visión completamente distinta.

Puede parecer mentira pero la vicepresidenta del Gobierno, que presentó el recurso de anticonstitucionalidad contra los decretos y la "Ley del Enchufismo" ha sido desautorizada por el Tribunal Constitucional. Con los votos de los magistrados progresistas y socialistas, como se esperaba, y con los votos de la mayoría conservadora, que no se esperaba, el enchufismo y la ocupación política de la Administración así como el fin de la potestad administrativa para los funcionarios, ha quedado consagrado en la sentencia emitida hace unos días. Sólo ha habido dos votos particulares, de dos magistrados asimismo conservadores y liberales, los señores Pedro González Trevijano y Juan José González Rivas, que tienen una visión completamente distinta de la mayoría.

Los intentos de ocupación política de la Administración emergente andaluza comenzaron desde el principio. Durante diez años, hasta 1990, no se convocaron oposiciones, lo que quiere decir que los que formaron parte de la administración autonómica desde 1979 -los "preautonómicos", "transitorios" y otros-, no superaron pruebas regladas para el acceso a la función pública. Una sentencia del Tribunal Constitucional consagró la primera "ocupación" en 1991. Posteriormente, la Junta articuló un sistema de "administración paralela" -entes varios, empresas públicas, fundaciones, agencias-, para seguir contratando personal al margen de la función pública propiamente dicha, esto es, el funcionariado, e incluso con el empleo público complementario. Este grupo, de unos 25.000 personas -35.000 calculó la propia UGT -, es el que trataron de "legalizar" los dos "decretazos" de José Antonio Griñán y la posterior Ley del "Enchufismo" que hizo que decenas de miles de funcionarios se manifestaran contra esta maniobra del PSOE y la Junta, que apoyaron UGT, CCOO y que ahora apoya Ciudadanos.

El PP y los funcionarios reaccionaron ante el intento de eliminar el sentido democrático de una administración eficiente, neutral y profesional y la costumbre de "huir" del Derecho Administrativo para conseguir sus objetivos políticos sin oposición. Por ello, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-ley de reordenación del sector público andaluz ya que a su juicio suponía un "atropello y vulneración" de los derechos de los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía, que, además, pretendía perpetuar en la Administración a quienes han entrado en ella por el "amiguismo y enchufismo" del PSOE. En la foto de la presentación, estuvo la actual vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Luego se recurrió el segundo decreto y la Ley que contenía sus preceptos.

El PP defendió entonces que la Ley del Enchufismo recurrida quería perpetuar que "25.000 personas que han entrado enchufados por el PSOE permanezcan para siempre" en la Administración ejerciendo competencias que son "exclusivas" del personal funcionario. "Sería personal adscrito a derecho privado quienes ejercerían potestades públicas", dijo entonces. Añadió el PP que era un escándalo que en Andalucía hubiera "todo un entramado de administración paralela" que cuesta a los andaluces más de 5.000 millones de euros anuales.

La sentencia del TC

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel -presidente-, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, ha desestimado el recurso de anticonstitucionalidad interpuesto por el PP, con el voto particular en contra y muy crítico de Pedro González Trevijano Sánchez al que se adhiere Juan José González Rivas.

Puede parecer inexplicable pero la mayoría de los magistrados conservadores han apoyado la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. De hecho, estos magistrados de procedencia conservadora han sido el presidente Francisco Pérez de los Cobos, que fue militante del PP; Enrique López y López, Pedro José González-Trevijano Sánchez -ambos fueron nombrados en junio de 2013 por el gobierno presidido por Rajoy-; Juan José González Rivas, nombrado por el Congreso en verano de 2012 a propuesta del PP; Santiago Martínez-Vares García, elegido por el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- en junio de 2013; Andrés Ollero Tassara y Ricardo Enríquez, avalado por el Senado a finales de 2013.

El problema es que mientras el voto de los magistrados de la "izquierda" se ha mantenido firme a favor de la Ley del Enchufismo del gobierno Griñán, los votos conservadores y liberales se han dividido en dos, división que ha propiciado la desestimación del recurso del PP avalado por Soraya Sáenz de Santamaría.

Perplejidad ante un voto particular

¿Cómo pueden verse los hechos de manera tan diferente? Es el fundamento de la perplejidad. Frente a una sentencia que no ve nada irregular en la actuación de la Junta de Andalucía, el voto particular afirma, entre otras cosas:

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