La Audiencia Nacional ha aplazado al 7 de enero el juicio que tenía previsto celebrar desde este lunes contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes del Grupo Marsans, porque su audífono no funciona y está a la espera de que un centro médico le repare o reemplace el dispositivo.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión después de que dos forenses hayan diagnosticado en calabozos al exjefe de la patronal, que ha sido trasladado desde la cárcel madrileña de Soto del Real y que ya advirtió del mal estado de su sonotone el pasado 29 de octubre a la Audiencia Nacional.
A pesar de que el Ministerio Fiscal informó a favor de que fuera trasladado a un centro especializado y los jueces autorizaron su salida de prisión, Díaz Ferrán no fue llevado a los centros de audición y ha sido conducido a la sede judicial pese a no poder oír las acusaciones y las declaraciones de la vista oral.
En la vista, dos forenses han expuesto ante el tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, que el audífono del acusado está "roto" y que sería "incapaz de enterarse" del transcurso de la vista oral. "Oye muy poco, solo cuando está a corta distancia", han añadido. Por ello, el tribunal ha accedido a aplazar a los días 7, 8, 28 y 29 de enero las sesiones del juicio, donde se enfrenta a cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el último director general de la empresa turística, Iván Losada.
Díaz Ferrán ha intentado buscar una rebaja a la mitad de la pena en un acuerdo de conformidad con el fiscal Daniel Campos, que ha solicitado que con la "máxima urgencia" se solventen las deficiencias para celebrar el juicio, en el que también reclama que los acusados paguen sendas multas de 12.000 euros, según fuentes jurídicas.
Díaz Ferrán, de 72 años y con problemas de audición desde hace más de 20, sufre sordera en ambos oídos y lleva un audífono de cuatro años de antigüedad y deteriorado como consecuencias de los golpes de varias caídas.
El que fuera máximo responsable del empresariado español ya advirtió el pasado verano de que no podía escuchar bien el desarrollo del juicio del caso Crucero. En su escrito provisional de acusación, el fiscal Daniel Campos defiende que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.
Operativa de Marsans
Según el fiscal, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no han sido devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.
A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes.
"Los responsables del Grupo Marsans, lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo". La "desviación" de fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado.
El 20 de abril de 2010, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes, el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.
Entre el 9 de junio de 2010 -el día antes de la presentación del concurso de acreedores- y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo.
El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que contaba con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros y con 11.409 acreedores.