En junio 2009, Libertad Digital ya publicó que los 800 empleados de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir estaban a la espera de cobrar la nómina del mes de mayo, según anunció en un comunicado la Federación de Servicios Públicos de UGT de Sevilla, que en colaboración con el comité de empresa anunció movilizaciones entre los trabajadores. Los trabajadores decidieron iniciar un calendario de movilizaciones, tras 23 días sin cobrar su sueldo, con el fin de conseguir un "compromiso" por parte de los responsables de esta entidad, no sólo a este problema actual sino "al futuro que le depara" a la mancomunidad. Era el principio de otro macrocaso de corrupción, el de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir que ya investiga la Fiscalía a instancias del PP andaluz que ha presentado once denuncias de los hechos.
Dicha mancomunidad está compuesta por nueve ayuntamientos como son, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona, en la provincia de Cádiz, y Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, El Cuervo, El Coronil, Los Molares y Utrera, en la provincia de Sevilla, algunos de los cuales llevaba en 2009 hasta siete años sin pagar a la mancomunidad, "lo que suponía un gran montante económico".
El caso va a ser muy importante porque afecta directamente al PSOE de Sevilla, del que fue responsable de organización primero y luego secretaria general, la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y porque algunos de los implicados son muy próximos, sobre todo el exalcalde de Los Palacios, Antonio Maestre. Maestre sigue estando en la actualidad en la Ejecutiva socialista de Sevilla en calidad de secretario de Políticas Hidráulicas.
De momento se habla de seis millones de euros los que se han defraudado, pero la cantidad puede ascender rápidamente porque esos 6 millones sólo corresponden a once ayudas en un solo año de las muchas existentes. Diez fueron ayudas de la Junta y uno del gobierno central. El fraude lo habrían cometido supuestamente los gestores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir de Sevilla en el manejo de las subvenciones públicas recibidas para promover el empleo y, de nuevo, la formación de parados.
Son los juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2 del municipio sevillano de Lebrija los que tienen abiertas diligencias, cuenta este lunes El Mundo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla están rastreando las once subvenciones que la Fiscalía de Dos Hermanas llevó a los tribunales al encontrar indicios de fraude y estiman que el montante, sólo en un año, rondaría los seis millones. Estas ayudas, tomadas de forma individual, oscilan entre los 130.000 y los 430.000 euros y en ninguno de los casos, según fuentes próximas a la investigación, la mancomunidad justificó el gasto.
Incluso la Junta tiene abiertos expedientes de reintegro en todas las subvenciones porque el dinero se destinó, en todo o en parte, a fines distintos a los que fueron concedidas. Así, por ejemplo, de una de las subvenciones, por un importe de 325.000 euros, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir devolvió a requerimiento de la Junta 225.000 euros, pero los restantes 100.000 euros han desaparecido.
Un socialista próximo a Díaz, en el meollo
En julio de 2008, Antonio Maestre, exalcalde de los Palacios y uno de los implicados presuntamente en el fraude por haber presidido la Mancomunidad afectada, iba en la misma lista que Susana Díaz al Comité Federal del PSOE. La lista de 25 miembros encabezados por Luis Pizarro era la que sigue: Gaspar Zarrías; José Antonio Griñán; Magdalena Álvarez; Francisco Álvarez de la Chica; José Antonio Viera; Francisco González Cabaña; Marisa Bustinduy; Isabel Ambrosio; Diego Asensio; José Caballos; Susana Díaz; Rafael España; Juan Manuel Fernández; Petronila Guerrero; Miguel Ángel Heredia; Mario Jiménez; Antonio Maestre; Micaela Navarro; José Antonio Ruiz Almenara; María Isabel Salinas; Pilar Sánchez; María José Sánchez; Basílica Sanz y Francisco Vallejo.
Como en el macrocaso del fraude de la formación, el asunto se centra en escuelas taller que nunca funcionaron a pesar de que el dinero sí llegó a las cuentas de Bajo Guadalquivir.
La investigación principal se centra en la gestión que llevó a cabo uno de los últimos presidentes de la entidad antes de su liquidación, el ex alcalde socialista de Los Palacios y ya mencionado, Antonio Maestre. Él era el máximo responsable de la mancomunidad cuando se recibieron y gestionaron las ayudas que se están examinando. Por tanto, sería responsable penal en caso de demostrarse la existencia de un fraude en estas subvenciones.
Además, está siendo investigado el interventor en este período, Mariano Rodríguez. Los portavoces del PP incluyeron a ambos en la denuncia que en julio de 2013 trasladaron al fiscal, dando lugar a una investigación previa por parte de la Fiscalía de Dos Hermanas que derivó en las once denuncias en los juzgados de Lebrija presentadas este mismo año. Las sospechas recaen asimismo en la última presidenta de la Mancomunidad que fue la alcaldesa del PSOE de Lebrija, María José Fernández.
En mayo de este año, Maestre fue interrogado por la Fiscalía acerca de una ayuda estatal recibida por la mancomunidad.