Los abogados de Iñaki Urdangarín y Diego Torres –Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters, respectivamente- se están planteando, otra vez, la posibilidad de llegar a un pacto con el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, según informa ABC.
Este pacto pasaría por tres condiciones ineludibles: el ingreso en prisión de sus patrocinados, que asuman los cargos que se les imputan y la devolución de los más de seis millones de euros cobrados indebidamente de las administraciones públicas.
Para que se llegue a cualquier acuerdo es necesario también que Anticorrupción acceda al mismo y que la Fiscalía General del Estado esté, del mismo modo, conforme. Este es un punto particularmente delicado debido a que algunos sectores de la opinión pública pueden interpretar esa conformidad como una claudicación, lo que se quiere evitar a toda costa. La actual fiscal general, Consuelo Madrigal, se ha mostrado en varias ocasiones en público poco partidaria "en general" de alcanzar este tipo de acuerdos, en especial en materia de corrupción.
Con unas peticiones de pena tan elevadas como las que hace el fiscal para Urdangarín y Torres –19,5 años en el primero de los casos y 16 en el segundo-, y el arsenal probatorio que tiene, no se entendería un acuerdo en el que la solicitud de cárcel bajase de los ocho o nueve años, aunque luego la defensa intente que el tribunal rebaje esa pena con su trabajo a lo largo del juicio.