Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Felip Puig, Germà Gordó y Jordi Jané son algunos de los miembros de Convergencia y del gobierno catalán que presionan de manera más o menos pública a Artur Mas para que tire la toalla y pare de hacer concesiones a la CUP. Francesc Homs ha dejado de ser consejero de Presidencia (sus funciones quedan en manos del secretario general de la Presidencia) para encabezar la lista convergente para el Congreso de los Diputados, bajo el nombre de Democràcia i Llibertat. Homs ha dejado caer sus dudas sobre la viabilidad del proceso separatista y ha subrayado que con el 47% de los votos "hay una mayoría para emprender la independencia pero no para culminarla". Homs es partidario ahora de esperar a que pasen las elecciones generales puesto que considera que "se va a abrir un escenario de más diálogo, más negociación y más pacto".
Al frente de la consejería de Presidencia y hasta hace un par de meses como portavoz del ejecutivo regional, Homs ha pasado de ser un ariete contra el Gobierno, España y sus instituciones, a tratar de encarnar el perfil pactista de los representantes nacionalistas en Madrid, de Miquel Roca a Xavier Trias o Josep Duran. Titánica tarea para un político que hasta ayer se atenía al guión de la ruptura. Homs no confía demasiado en un pacto con la CUP, "se verá en los próximos días", añade, pero contempla cada vez con más intensidad la salida de unas nuevas elecciones.
Un día antes y en el diario nacionalista Ara, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell se extendía en contra de las cesiones a la CUP en un artículo que concluía así: "De la CUP podemos aceptar dos votos para la investidura de Artur Mas como presidente, pero no sus condiciones. Ya sé que este parecer puede llevar a nuevas elecciones en marzo. Si es así, estoy convencido de que el presidente Mas sabrá explicar en la nueva campaña electoral dónde estamos y por qué estamos donde estamos, y que los catalanes sabrán decidir, con sabiduría, qué liderazgo quieren para el proceso".
"Nunca hemos hablado de desobedecer"
Jordi Jané, en la misma rueda de prensa del gobierno catalán, ha declarado que los Mossos d'Esquadra son policía judicial y están obligados a ejecutar las decisiones de los tribunales españoles, mientras que la portavoz, Neus Munté, insistía en que el proceso continúa pero que un gobierno en funciones no puede llevar a cabo en condiciones el "mandato del Parlament", para añadir acto seguido y en relación al Constitucional: "Nosotros nunca hemos hablado de desobedecer". Mas-Colell, en su artículo, admitía que los consejeros se dedicaban a hacer de policías del Tribunal Constitucional para evitar incurrir en cualquier supuesto que pudiera interpretarse como un incumplimiento a la suspensión cautelar de la proclama de desconexión.
Felip Puig se expresó en privado, en el seno del consejo ejecutivo, pero Germà Gordó, a quien señalan como el filtrador de las discrepancias, no deja de lanzar avisos a diestra y siniestra sobre su "candidatura" como alternativa "moderada" a Mas. Todos ellos, salvo Munté, han sido vetados por la CUP como integrantes de un gobierno catalán con su apoyo. Fue esa una de las condiciones que Mas aceptó sin pestañear para entregarle la gestión económica del teórico próximo ejecutivo a Oriol Junqueras e inventarse una consejería de Relaciones Exteriores con Raül Romeva al frente.
En Convergencia se insiste en que todavía hay margen para el acuerdo y aluden a las discrepancias públicas y privadas en su seno como una táctica para poner a la CUP delante del espejo de unas próximas elecciones. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad advertía en su último sondeo que la CUP podría pasar de los diez diputados actuales a 14 o 16.
Las quejas de los empresarios también influyen en el ánimo convergente, así como la sombra del tres por ciento y los negocios del clan Pujol. Sin embargo, aún hay quien confía dentro de CDC en que los negociadores de la CUP sólo quieren alargar los plazos y aumentar su cuota mediática.
Súmate, la ERC en español, se borra de la ANC
El panorama se complica ante las cada vez más evidentes fracturas en el seno de la plataforma Junts pel Sí. Esquerra se ha alineado con la CUP y opta a recoger su voto en las próximas elecciones generales, habida cuenta de que los antisistema no se presentan fuera de los "Països Catalans".
La ANC y Omnium, bajo el control de Mas, han convocado una manifestación para el próximo domingo 22 (estaba prevista para el pasado pero se aplazó a causa de los atentados islamistas en París) en la que exigirá a la CUP un acuerdo a favor de Mas y de la que ya se ha desmarcado Súmate, la organización en la que ERC engloba a los castellanoparlantes. El relieve de esta organización, presidida por el ya diputado de Junts pel Sí Eduardo Reyes, no es menor. El segundo de Reyes, Gabriel Rufián, ejercía de portavoz de la ANC hasta que ha sido designado número uno de la candidatura de ERC para el Congreso por delante de Joan Tardà. Según una nota de Súmate, sus miembros no acudirán porque interpretan el acto "como una manifiesta presión a una fuerza política", en referencia a la CUP
La distancia entre Mas y Junqueras es cada vez más grande. No hay sintonía. Mientras Mas ordena a sus dirigentes presionar a la CUP y no ceder ni un palmo en cuanto al nombre del futuro presidente de la Generalidad, Junqueras ordena a sus peones templar gaitas con la CUP y ofrecerse como alternativa de consenso. A eso hay que añadir que el último mensaje de Junqueras no ha sido de apoyo a Mas sino que en unas nuevas elecciones el separatismo aumentaría de votos. Y como ya han admitido en una CDC que cae en picado, la plataforma Junts pel Sí, es decir una coalición de convergentes y ERC, no se volverá a repetir.