La Fiscalía recurre el puzzle judicial del caso ERE

Doce cajas con alrededor de 300.000 folios, más de 270 imputados. Son los argumentos que condujeron a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a rediseñar en seis piezas el caso de los ERE fraudulentos. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto del pasado 9 de noviembre en el que la juez acordó la división. Considera que el escrito entraña determinados errores técnicos que deben corregirse, aunque comparte la necesidad de segmentar la investigación.

Las seis piezas del caso de los ERE

La actual distribución del caso de los ERE, que apunta directamente a la Junta de Andalucía, eleva la causa originaria del entramado como la pieza principal. Esta matriz se desgaja en otras seis piezas de tramitación preferente a fin de ser enjuiciadas con la mayor celeridad posible.

La primera pieza atañe al denominado procedimiento específico, la participación activa y consciente en su diseño y puesta en marcha. Dicho procedimiento se refiere al sistema de transferencias de financiación que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración. De esta forma, las instituciones públicas IFA y Agencia Idea, ambas adscritas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se hicieron cargo del reparto de subvenciones respondiendo a criterios diferentes de los establecidos en los presupuestos.

La segunda pieza, la de las sobrecomisiones, se centrará en los hechos relativos a la determinación de la prima de la póliza pagada por la Junta y el porcentaje de comisión ilícita, bien de forma directa o bien indirecta, y el reparto presuntamente ilegal de este sobrepago.

La tercera pieza versa sobre las ayudas concedidas al grupo empresarial vinculado a José Enrique Rosendo y José María Sayago. El entramado englobaba un numeroso grupo de compañías estrechamente interrelacionadas. Muchas carecían de actividad y trabajadores, siendo su papel real la percepción de ayudas de la Junta y el trasvase de sus fondos a otras sociedades. Registraban un elevado número de empresas para que el grupo controlado por los dos imputados percibiera múltiples subvenciones gracias a sus contactos en la Junta de Andalucía.

La cuarta pieza apunta a la suscripción de pólizas de José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Club Atlético Osasuna y del Atlético de Madrid, como trabajador de la empresa investigada Cenforpre. El alta de estos pagarés se efectuó por mediación de su jefe en la citada compañía y percibió por ello casi medio millón de euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008.

La quinta pieza se refiere a las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía para trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de empleo concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica.

Por último, la sexta pieza se enfoca a la ayuda sociolaboral a la empresa Acyco Sal por el ERE de 2003, punto en el que la juez Núñez Bolaños remarca que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "tendría conocimiento directo" de las ayudas individuales para los trabajadores de los consejos de dirección.

"Imposible de enjuiciar en un solo acto"

La magistrada admite que el auto donde acordó dividir los ERE en piezas carece del diseño de hechos a investigar y enjuiciar en cada una. Sin embargo, alega que la envergadura y la complejidad de la causa que se pretende dividir hace imposible un diseño previo de las piezas, pues "algunas de las ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales están aún en fase de investigación policial".

La división se explica para agilizar la resolución de unos hechos investigados durante cinco años, un proceso que sería "imposible de enjuiciar en un solo acto". En el auto de separación prevé soluciones para posibles daños como que algún imputado sea llevado a más de 200 juicios o la exasperación punitiva, es decir, la acumulación de penas en las diversas piezas que desemboque en un castigo desproporcionado con los hechos.

Explicaciones de la Fiscalía Anticorrupción

El Ministerio Público argumenta que recurre parcialmente la decisión de la juez por cuestiones del ámbito procesal. Entre estos pronunciamientos, cita el deseo de la magistrada de esperar a futuros pronunciamientos de la Audiencia Provincial, algo que desprecia Anticorrupción porque la formación de piezas "debe responder a la situación objetiva de la instrucción sin ninguna limitación temporal a la espera de futuros pronunciamientos.

La Fiscalía también alude a las "deficiencias" en la concreción de "cuáles sean los hechos investigados y quiénes sus responsables". A su juicio, la resolución no delimita cada una de las piezas ni recoge los hechos con amplitud y claridad para garantizar los derechos de las partes y no generar una confusión sobre "los hechos objeto de investigación de cada pieza y quienes sean las personas en cada pieza investigadas".

En tercer lugar, la Fiscalía combate "el modo de articular la unión de futuros atestados a las actuaciones", ya que la magistrada pone de manifiesto "en diversas ocasiones" que, respecto de los distintos atestados que vayan llegando, se irán incoando directamente diligencia previas, mientras que respecto de los atestados que ya estén unidos a las actuaciones, se instruirían dentro de las diligencias previas presentes.