Es sabido que sobre el caso de los ERE fraudulentos había numerosas tesis. La primera de ellas, esbozada por Manuel Chaves cuando pintaba todavía algo en el socialismo andaluz -en un reciente libro aparece como tiburón navajeado y liquidado por la delfina Susana Díaz - fue la de los cuatro golfos. La segunda por orden de importancia, seguida por él mismo y sus amigos Gaspar Zarrías y demás altos cargos, es que todo fue legal y que incluso el Parlamento andaluz conocía el destino de los fondos. La tercera, sin embargo, iniciada por la juez Mercedes Alaya, apuntalada por el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez y santificada por la breve instrucción del juez Alberto Jorge Barreiro, era la tesis piramidal y la responsabilidad jerárquica de los altos cargos de la Junta, desde los más nimios cargos de la Consejería de Empleo u otras Consejerías a la cúspide de la Junta representada por dos ex presidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Había otras tesis, pero estaban inclusas en estas.
¿Qué ha ocurrido hoy? Sencillamente, que ha triunfado la tesis de la responsabilidad jerárquica sostenida por la juez Alaya. Su sucesora al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, responsable del caso, ha admitido en su auto de este martes que era la Junta de Andalucía, en formación de jerarquía política, la responsable del caso de los ERE vía un continuado delito de prevaricación administrativa. Lo que ha hecho la juez Núñez Bolaños es proceder a la separación de una pieza del caso ERE en la que ha englobado a Chaves, Griñán y alrededor de 50 altos cargos a los que atribuye una participación "activa y consciente" en la trama fraudulenta.
La verdad es que era difícil ver los hechos de otra manera con los testimonios que obran en la instrucción efectuada hasta ahora, instrucción que está incorporada a las diligencias que a partir de ahora pudieran practicarse. La más importante de ellas será la declaración en calidad de imputados de los dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ya no están aforados en el procedimiento. De hecho, ya no hay ningún aforado presente en el caso por lo que la nueva juez podrá llamarlos a prestar declaración cuando le parezca oportuno.
Puede decirse que lo que implica por ahora el auto de la juez Núñez Bolaños es la continuidad del procedimiento instruido por la juez Alaya y el Tribunal Supremo. Las fuentes judiciales consultadas apuntan a la celeridad judicial la separación de esta pieza del conjunto del caso y subrayan que ello podría derivar que el juicio derivado de la misma tuviese lugar no más allá de 2016.
Del auto se deducen los siguientes hechos admitidos por la juez como hechos ciertos:
- "Participación activa y consciente (de los implicados) en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes".
- Veracidad de los informes de la Intervención General de la Junta, que han tratado de desacreditar casi todos los ex altos cargos, especialmente José Antonio Griñán.
- Ilegalidad "del sistema de transferencias de financiación (en realidad, para oscurecer subvenciones) como sistema de ayudas a las empresas por razones sociolaborales y por otros motivos diversos", todo ello dado que "la normativa en vigor delimitaba las transferencias de financiación con unas funciones que se alejaban del concepto de subvención".
- El convenio, suscrito por el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el presidente del IFA, que en ese momento era el viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, "no fue informado ni por la Intervención General ni por el Gabinete Jurídico de la Junta" y tenía como objeto "la prestación de asistencia técnica permanente por el IFA-IDEA a la Dirección General de Trabajo". Además, fue ilegal su vigencia a lo largo de los años por no haberse renovado expresamente.
- También fue ilegal desde 2002 la partida presupuestaria donde quedaron alojados los fondos porque "no era la preceptiva para la concesión de subvenciones del programa 31L, toda vez que éste se refería a los gastos de explotación o costes de la gestión ordinaria de una empresa...".
- Por tanto, se procedía año tras año a la elaboración incorrecta del anteproyecto de presupuesto en las Consejería implicadas y en la Junta de Andalucía.
Esto, en resumen, es lo que la juez Alaya calificó como pirámide jerárquica del caso ERE puesto que es imposible que todos estos mecanismos y otros muchos relacionados pudieran ser puestos en marcha sin conocimiento de quienes tomaban las decisiones, las menores y las máximas, en la Junta de Andalucía.
Había dudas sobre la nueva juez por diferentes motivos, el principal de ellos que su conocimiento de la instrucción realizada hasta el momento no podía ser exhaustiva dado el ingente número de folios de un sumario que crece y crece. Al parecer, la juez Bolaños ha decidido asumir la tesis de su predecesora y del Tribunal Supremo, lo que sitúa en un punto de mira más que incómodo a los que se esmeraron en saltar de tribunal en tribunal a ver si menguaban los peligros. Pues ni por esas.