El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a cinco exdirigentes de ETA por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, al considerar que ordenaron acabar con su vida como jefes de los pistoleros de la banda en esa época.
Pedraz ha imputado a Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio de Gracia Arregi, Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Julián Achurra Egurola, Pototo; Juan Luis Aguirre Lete, Insuntza, tras admitir a trámite una denuncia que presentó la hermana del asesinado, Consuelo Ordóñez.
El juez se ha basado en un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que aporta, según Pedraz, fiables y verosímiles indicios de la participación de los cinco en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez.
El auto del magistrado describe el funcionamiento de ETA, en donde su cúpula asume todas las funciones directivas, "de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal".
En el caso del asesinato de Ordóñez, recuerda que tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart la banda necesitaba recuperarse del aquel éxito policial e inició una estrategia que pasaba por atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, "tratando así de desestabilizar al Estado y lograr una hipotética negociación".
El juez recuerda cómo Valentín Lasarte, condenado por este atentado, y que salió de prisión definitivamente en marzo de 2015, declaró "detalladamente" la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que Kantauri le transmitió los datos e instrucciones necesarias para que contactara con dos miembros de ETA con los que colaboraría en el grupo Donosti.
Tras el encuentro, Lasarte contactó con Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre para cometer varias acciones dentro del comando, entre ellas la del asesinato de Ordoñez, que se produjo el 23 de enero de 1995 en el restaurante La Cepa de San Sebastián mientras la víctima comía con otros compañeros de partido, entre ellos María San Gil.
Los tres etarras fueron condenados en 1997, 2006 y 2011 como responsables de la muerte del concejal.