Rivera quiere cambiar España, ¿podrá?

La propuesta de Ciudadanos, desvelada este sábado, supondría una modificación institucional inédita del sistema democrático alumbrado en 1978. Albert Rivera aseguró durante la presentación en Cádiz que su partido "es el único que puede liderar la segunda transición que necesita España" y añadió: "A más de uno le va a dar un susto con lo que proponemos, pero mientras unos se asustan, la mayoría de los ciudadanos respirarán a gusto". Lo segundo ya se ha puesto de manifiesto, con la reacción en contra e inmediata de las asociaciones judiciales de todas las tendencias ideológicas a una de las tres medidas estrella: la supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En cuanto a los otros dos conejos que el líder naranja guardaba en la chistera, la supresión del Senado y la reforma profunda de la Ley electoral, puede que Ciudadanos lidere su implementación, pero ésta sería imposible sin un amplio acuerdo de Estado en el que participasen, al menos, los tres principales partidos del Congreso de los Diputados que saldrá de las urnas el 20-D.

Un 'Defensor' de la independencia judicial

Como decimos, las primeras críticas, con un tinte claramente corporativo, han venido por la propuesta de eliminar el CGPJ, una de las "bombas" que tenía preparadas Ciudadanos, como el propio Rivera dijo en el Palacio de Congresos gaditano, y que suscitó una de las mayores ovaciones del público. Aunque Rivera no lo argumentó así (no fue el gran discurso que muchos esperaban, durante bastante tiempo se limitó a una enumeración bastante engorrosa de las medidas) la idea de los sabios que han elaborado el documento se basa en el modelo del Defensor del Pueblo, una figura elegida por dos tercios del Congreso y que tiene dos adjuntos. Pues así sería el presidente del Tribunal Supremo, que con otras dos personas centralizaría el poder judicial. El presidente del Alto Tribunal sería elegido entre magistrados del propio tribunal con veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo representativo de carácter público. Se le nombraría por un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. Los dos adjuntos serían elegidos por jueces y magistrados en unas elecciones gremiales. Como complemento a la reforma, y esto sí lo enfatizó Rivera, Ciudadanos aboga porque el nombramiento de jueces y magistrados "se llevará a cabo a través de procedimientos reglados, sin discrecionalidad alguna, que consistirán en concursos convocados al efecto en los que la selección se ajustará a baremos previamente establecidos conforme a los principios de mérito y capacidad". En palabras del candidato centrista a la presidencia del Gobierno: "Podremos tener jueces que lleguen al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, a un tribunal superior de Justicia, por sus méritos. Los españoles nos merecemos una Justicia despolitizada. Y me atrevería a decir: los jueces españoles se merecen una Justicia despolitizada".

Menos ambiciosa parece la reforma en lo relativo al Fiscal General. Lejos de la idea que hace sólo dos años manifestaba Rivera en una entrevista con Libertad Digital, donde se mostró "abiertamente partidario del modelo anglosajón, que sea elegido por los ciudadanos" ahora propone que el Congreso elija a una terna por mayoría reforzada y que de ahí el Gobierno nombre al que seguirá siendo su fiscal general.

Conferencia de Presidentes en lugar de Senado

En el Palacio de Congresos de Cádiz aún resuena el "tachán" con el que Rivera anunció una medida que, como diría un publicitario, "se vende sola". El Senado, que ha llegado a definirse como la "sauna más cara del mundo" es una de las instituciones con peor imagen entre la ciudadanía, a la que Rivera no dudó en tildar de "cementerio de elefantes". El mismo sábado, el diario ABC preguntaba a los lectores de su edición digital qué les parecía la supresión de la Cámara Alta y el 90% contestaba que bien.

Sin embargo, es una medida que, más allá del entusiasmo popular, puede suscitar alguna duda, sobre todo por el órgano sustitutivo, y porque se tendría que llevar a cabo mediante una reforma agravada de la Constitución. Ciudadanos retoma la Conferencia de Presidentes creada en su día por José Luis Rodríguez Zapatero, aunque los redactores de la propuesta enfatizan que es algo muy distinto. Y lo es. Para explicarlo, se agarran al artículo 152 de la Constitución, que define el triple carácter de la figura del presidente autonómico, al que "corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquella". Por eso puede, según Ciudadanos, participar activamente en la tarea legislativa del Estado, algo que suscita dudas, entre otras cosas porque no parece que contribuya a la división de poderes que al representante de uno de ellos, el Ejecutivo, se le atribuyan funciones de otro, el Legislativo. Más allá de eso, Ciudadanos plantea que la segunda lectura de las leyes de la que se ocupa el Senado la realicen Cristina Cifuentes, Susana Díaz, Artur Mas y compañía, teniendo la segunda más voto ponderado por presidir la región más poblada. Pero, ojo, sólo para, según la textualidad del documento "ciertas leyes más directamente relacionadas con las CCAA y, en particular, la financiación". No obstante, el texto matiza que "en todo caso, el Congreso, como es lógico, tendrá la última palabra, en caso de discrepancia y cuando no es posible alcanzar un acuerdo". Este nuevo órgano, que tendría una presidencia rotatoria y se reuniría en la autonomía que ostente esa presidencia, contaría asimismo con una sede, que bien pudiera ser la que alberga el Senado en Madrid. Como todo parlamento, funcionaría con un pleno y unas comisiones en las que intervendrían los consejeros de los distintos gobiernos. Estarían entre sus competencias el examen de la financiación autonómica, incluido el cálculo del cupo vasco y navarro, o todo lo referente a los proyectos de infraestructura y los planes hidrológicos, un habitual motivo de disputa entre los territorios.

Votaríamos dos veces, pero ¿para qué?

Que Ciudadanos está en contra de la vigente Ley Electoral no es ningún secreto. Pero, hasta ahora, Albert Rivera no había concretado un modelo alternativo. El sábado en Cádiz lo hizo, reivindicando "más proporcionalidad, que los votos valgan igual y no haya ciudadanos de primera y de segunda; más cercanía y más control ciudadano". Unas ideas que se traducen en el modelo alemán, complejo ya sólo para explicarlo. Se trata, en síntesis, de partir por la mitad el Congreso y elegir la mitad de sus diputados en circunscripciones pequeñas de elección unipersonal, definidas siempre en función a su población, aunque en todo caso más pequeñas que una provincia. La otra mitad se elegiría por listas presentadas por los partidos en circunscripciones de ámbito nacional, estableciendo un mínimo del 3% de votos en toda España para poder obtener representación. Los diputados que podemos llamar de cercanía (la filosofía que subyace es empoderar a los ciudadanos para que identifiquen a su representante y al mismo tiempo vincular la carrera del político a la voluntad popular y no al dedazo del jefe del partido de turno que, como ahora, le coloca en las listas) se integrarían en la lista definitiva que corresponderá a cada formación política por el resultado final. Y aquí viene una de las cuestiones peliagudas, pues se puede dar la posibilidad de que un determinado partido obtenga en las circunscripciones uninominales más diputados que los que le otorgue el resultado a nivel nacional. En ese caso, como dice literalmente la propuesta, "se crearán escaños adicionales".

El pasado día 3 de noviembre, en un desayuno informativo en Madrid, Albert Rivera discrepó de la propuesta de Podemos para que los vocales del CGPJ sean elegidos por el pueblo en votación. Y lo hizo con un argumento, que "la gente no conoce a tantos jueces". Cabría peguntarse si la gente conoce a tantos políticos, sin ir más lejos de Ciudadanos, más allá de las caras visibles y de quienes son más populares por salir en televisión. Basten algunos datos del último barómetro del CIS, conocido esta misma semana. El 20% de los españoles no conoce a Rosa Díez, el 35% no conoce a otro veterano político, Josep Antoni Durán i Lleida, y casi el 80% no conoce a la presidenta de Navarra, Utxue Barkos. Por no hablar de los miembros del Gobierno. Agárrese a la silla, lector: el 11% de los españoles no conoce a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ni siquiera tras haber bailado en prime time, la mayoría de españoles no saben quiénes son los ministros de Defensa y Justicia, casi el 20% no saben quién es Cristóbal Montoro, la persona que les cobra los impuestos, y casi la mitad desconoce igualmente a los titulares de Interior, de Sanidad (Alfonso Alonso, que durante años ha sido alcalde de una importante capital de provincia como Vitoria) o de Trabajo, pese a que el paro sigue siendo la principal preocupación ciudadana.

Sobre el modelo alemán, los expertos del colectivo Politikón ironizan: "Hay casi tantos 'sistemas alemanes' como personas lo proponen" En su libro La urna rota, el grupo del que forman parte influyentes politólogos como Pablo Simón o Jorge Galindo advierte sobre las distintas posibilidades de fraude en este sistema mixto, implantado la pasada década en Bulgaria y Rumanía: "La primera estrategia es que los partidos compitieran en las listas, pero tuvieran un partido hermano falso o independientes fijados para competir en los distritos unipersonales". Un fraude que se ensayó en Italia en 2001 y del que también echó mano nada menos que el Movimiento V República de Hugo Chávez en Venezuela, que se presentaba en los distritos uninominales con una siglas fantasma, la Unidad de Vencedores Electorales, logrando el 85% de los votos en los distritos. Para Politikón, el gran riesgo de este tipo de sistemas es que provoque "confusión" y que el nivel educativo del elector pueda determinar su participación.

En definitiva, la apuesta de Rivera es audaz y ambiciosa y, en última instancia, llevada a la práctica supondría hacer historia. Pero se enfrenta a muchos problemas. El primero, que no reciba un respaldo absolutamente mayoritario en las urnas dentro de cuarenta días, aproximadamente. El propio líder de Ciudadanos admitía hace poco que será "muy difícil" llevar a cabo su plan si no es desde La Moncloa. Aunque, como toda propuesta de máximos, sus impulsores se darían por satisfechos si lograran hacerla realidad aunque fuese parcialmente.