Los hombres del núcleo duro de Mas, Josep Rull, número dos del partido, y Francesc Homs, consejero y exportavoz, no tienen dudas y han apuntado el nombre de Germà Gordó como el del consejero "chivato" que se saltó el secreto de las deliberaciones del consejo ejecutivo del gobierno regional en el que el president tuvo que sofocar un motín de la mitad de sus consejeros por la proclamación de soberanía pactada con la CUP, los batasunos catalanes.
Gordó, que aspiraba a la sucesión de Mas en lo que quede de Convergencia, es ahora el enemigo de los duros del proceso. Tachado de tibio y de alternativa moderada a Mas, Gordó se encargó de dinamitar esa imagen al comienzo de la última precampaña de las autonómicas con unas altisonantes declaraciones en las que decía que el estado catalán no renunciaba a incluir las Baleares y la Comunidad Valenciana en sus dominios. Gordó logró incluso un puesto de salida en la plataforma Juntos por Sí y apareció en la comitiva de consejeros y alcaldes que llevó en volandas a Mas a declarar ante el TSJC el pasado 15 de octubre.
Las relaciones con Rosell y los maletines
Sin embargo, el operativo del juzgado de El Vendrell vinculado al cobro del 3% por parte de los convergentes a cambio de obra pública planea como una amenazante sombra sobre el consejero. Josep Antoni Rosell, el director general de Infraestructures.cat, la repartidora de la Generalidad, es considerado como uno de los hombres de Gordó en la administración.
Su relación es incluso anterior a los tiempos en que ambos tuvieron un papel clave en la adjudicación del canal Segarra-Garrigues, una obra de 1.103 millones de euros de 2002. En aquella época, el consejero de Justicia era secretario general de Agricultura y su amigo subdirector de Infrestructures.cat, antes llamada GISA. La documentación hallada en los maletines que un "amigo" de Rosell entregó a la Guardia Civil hace alusión precisamente a esa adjudicación. Cuando cambió de color la Generalidad, un año después, Rosell fue nombrado alto cargo de la empresa encargada de la construcción y gestión del canal. Tras la travesía en el desierto convergente, Rosell ascendió a director general de la repartidora pública y su protector entró por la puerta grande y en poco sería nombrado consejero de Justicia.
Dimisión de un subordinado por el caso Método 3
El primer problema de calado con el que tuvo que lidiar Gordó fue con la implicación de su director general de Prisiones, Xavier Martorell, con los casos de espionajes a políticos, futbolistas y famosos encargados a Método 3. Martorell, que fue jefe de seguridad del Barça y presidente de la agrupación convergente de Sant Cugat, fue obligado a dimitir por sus estrechos vínculos con la agencia a la que había encargado "auditorías de seguridad" sobre los directivos. Gordó trató de salvar la cabeza política de otro de sus hombres de confianza, pero éste fue forzado a dimitir por Mas y el partido para no dañar la imagen del proceso separatista, según se alegó.
El consejero de Justicia es también un adicto a las medidas de seguridad extremas y, tal como contó Libertad Digital, entre sus costumbres figura la de obligar a las visitas a dejar los móviles en la entrada de su departamento por temor a ser espiado.
Ahora es el cortafuegos de Mas por sus peligrosas relaciones y por el papel que tuvo en el partido del tres por ciento, del que fue gerente entre 2004 y 2010. De posible cabeza de cartel ha pasado a previsible cabeza de turco, lo que habría llevado al consejero a intentar un cisma en Convergencia y convertirse en el líder de los "pragmáticos". Además, la CUP lo ha vetado como futuro integrante del "gobierno republicano" debido a sus conexiones con diversos imputados.
Su suerte ha cambiado de la noche al día. A los fiscales se les olvidó su nombre a la hora de las imputaciones por el 9-N, a pesar de que las urnas y las papeletas fueron encargadas a los reclusos de la cárcel de Ponent, en Lérida y las prisiones catalanas dependen de su consejería. Casado con Roser Bach, vocal de Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, se atribuyó el despiste de la fiscalía catalana a la circunstancia marital.