Sonia Palma vuelve a ser noticia. Pese a que ella esta vez no querría serlo. Hace tres años obtuvo una gran victoria para su familia en particular, y para el bilingüismo en Baleares en general. Por fin su lucha daba sus frutos con el apoyo de Círculo Balear y bajo el gobierno de José Ramón Bauzá. Otros tiempos.
Ella y su marido consiguieron en 2012 que a sus dos hijos gemelos Álvaro y Óscar, con retraso en el lenguaje, les impartieran seis horas semanales de castellano en el colegio público Ponent de Inca (Mallorca). Es decir, que además de Lengua Castellana recibieran también en español Conocimiento del Medio y tres horas más de refuerzo de logopedia. Así lo recomendaban entonces informes médicos. Y así lo siguen recomendando a día de hoy.
Pero llegó el mes de septiembre de este año y con él un nuevo curso, inaugurado con un nuevo Ejecutivo autonómico [desde julio, el PSOE gobierna con los nacionalistas de Mès y con Podemos como apoyo necesario en el Parlamento autonómico], que entre sus primeras medidas adoptadas figura priorizar la derogación del decreto del trilingüismo en las islas, además de adaptar la Lomce lo máximo posible.
La Lomce no sirve en este caso
No obstante, es la disposición 38 de la ley educativa la que tampoco ayuda a esta familia. Este texto lo introdujo el departamento dirigido por José Ignacio Wert como solución al incumplimiento sistemático de la ley y las sentencias judiciales en Cataluña. En él quedaba regulado el procedimiento por el cual los alumnos catalanes, fundamentalmente, que no tuvieran una oferta de castellano en ningún colegio público o concertado cerca de su casa pudieran ser matriculados en un centro privado, recayendo los costes en la administración.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, en Baleares sí existen colegios concertados que ofertan una "proporción razonable" de asignaturas en castellano. Por tanto, Educación se desentiende: las competencias las tienen transferidas las comunidades autónomas y sólo actuará en el caso de que éstas no remitan a las familias afectadas a otro colegio público o concertado de su zona.
Pero Sonia no se va a quedar cruzada de brazos. Si finalmente el Ministerio de Educación no actúa emprenderá las medidas legales que sean necesarias contra él. Se trataría de la primera demanda en España para que el Estado pague la educación en castellano no sólo en un colegio privado sino también en uno concertado.
Y es que esta familia pasaría de pagar por sus dos hijos 240 euros anuales, en concepto de banco de libros y material escolar, a tener que desembolsar 1.700 euros que cuesta el concertado. Y de la noche a la mañana. "El ocho de septiembre nos soltaron la bomba", relata Sonia en conversación telefónica con Libertad Digital. Y les dan dos opciones: o pasan por el aro o se marchan. La política ha cambiado; las cosas han cambiado, les dicen tanto en el centro como en la consejería de Educación.
Ahora, sus hijos pasan a tener menos de cuatro horas de castellano a la semana, "cuatro clases de 50 minutos" de Lengua Castellana. Al no llegar a las cuatro horas reglamentarias, el colegio ha introducido una especie de asignatura llamada ‘Asamblea’, que consiste en que los alumnos cuenten cómo les ha ido el día en castellano o catalán.
Tras varias conversaciones, Sonia obtiene como única solución que sus hijos reciban las clases de logopedia dentro del aula con el resto de compañeros. "La atención individualizada no está permitida", le espetan. Se quedan así con lo que les interesa de las sentencias judiciales que ha habido al respecto. Los tribunales han mantenido que al menos un 25% de las clases deben impartirse en castellano y que no vale la atención individualizada en esta lengua para los alumnos que la solicitan.
"Mala madre"
Sonia no acepta y la jefa de estudios le invita a abandonar el centro. "Me recuerda que el curso ya ha empezado y que debería darme prisa en irme", no sin antes cuestionar su actuación como madre. "Te estás equivocando con la educación de tus hijos", le dice. "¿Me estás llamando mala madre?", le pregunta enfadada ella. "No hombre, digo que te estás equivocando con la educación de tus hijos", repite la jefa de estudios.
De momento a Álvaro y a Óscar no les han dado una agenda, como al resto de sus compañeros, donde los profesores apuntan las notas, deberes o cuestiones que quieren que lleguen a sus progenitores. Tampoco le dejan a su madre que les compre ninguna. Como explicación, que la familia aún no ha abonado esos 240 euros.
"Yo estoy que no vivo", se lamenta Sonia. Pero seguirá luchando. Sabe que lo que pide es justo. "La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley". Ni tan siquiera solicita que sus hijos "no aprendan catalán" sino que sigan con sus seis horas de castellano a la semana y su refuerzo de logopedia, tal y como indican los médicos. "En estos años los niños han mejorado muchísimo".