La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado hoy que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional de manera inmediata si la declaración independentista de Junts pel Sí y la CUP es aprobada en el Parlament catalán, para solicitar su suspensión.
Sáenz de Santamaría se ha pronunciado en estos términos, en rueda de prensa, al ser preguntada por la declaración independentista presentada en el Parlamento catalán por Junts pel Sí y la CUP y por los pasos que va a dar el Gobierno si se aprueba.
Lo primero, ha explicado, será invocar el artículo 161 de la Constitución para solicitar al Constitucional la suspensión inmediata de la resolución separatista.
No obstante, ha recordado que algunos grupos han planteado ya iniciativas contra la admisión por parte de la Mesa de la Cámara de la resolución secesionista, pidiendo su reconsideración, unos escritos que si son rechazados puede servir para fundamentar futuros recursos de amparo de los diputados autonómicos sobre la posible violación de sus derechos parlamentarios, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución.
Pero, al margen de los posibles recursos de amparo que presenten los diputados, los servicios jurídicos del Estado están estudiando cualquier tipo de recurso que pueda plantearse "buscando siempre la seguridad y la certeza" de que sus aspiraciones sean estimadas.
Lo que está claro ya, según la vicepresidenta, porque la conclusión de la Abogacía ya es determinante, es que si la declaración llega a aprobarse en sus términos actuales el Gobierno recurrirá al TC, con invocación expresa del artículo 161 de la Carta Magna, para su inmediata suspensión.
"Además lo haríamos en un plazo inmediato", ha advertido.
Preguntada por el hecho de que algunos consejeros del Gobierno de Artur Mas le hayan trasladado su malestar por esa declaración independentista, Sáenz de Santamaría ha comprendido que "a cualquier gobernante que se precie le tiene que suponer un vértigo muy considerable, que es ni más ni menos que faltar al juramento de aquello que prometió al asumir un cargo".
"Entiendo perfectamente que si hay si hay alguien que considera que la ley y la democracia están por encima de otras cosas, tengan importantes escrúpulos al respecto", ha apostillado la vicepresidenta, para quien es "gravísimo" que en esa declaración se esté planteando el incumplimiento de la ley.