El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha procesado por un delito de "lesa humanidad" a la cúpula de ETA, en la que sitúa al exparlamentario de la ilegalizada Euskal Herritarrok José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y otros cuatro jefes de la banda, por los 25 asesinatos cometidos por la organización terrorista desde el año 2004.
El magistrado, que libra una orden de detención internacional contra el exdiputado del Parlamento vasco al encontrarse en "paradero desconocido", propone juzgar por estos hechos, además de a Josu Ternera, a Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata; Aitzol Iriondo Yarza; y Aitor Elizaran Sarasola.
El juez, que destaca en su resolución siete atentados mortales cometidos por ETA desde esa fecha, requiere a los cinco procesados para que en el plazo de un día aseguren fianzas por valor de las responsabilidades civiles que podrían imponérseles en una sentencia. La mayor, de siete millones, es para Ata, al que siguen Iriondo, con seis millones; Txeroki y Elizaran, con cinco; y Josu Ternera, con dos millones.
En concreto, imputa un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre 2006; el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipúzcoa) en marzo de 2008; el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de ese año; y el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre.
También atribuye a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.
Ata, el más sanguinario
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye siete delitos de asesinato a Ata, seis a Iriondo, cinco a Txeroki, cinco a Elizaran y dos a Josu Ternera, que "estuvo al frente del aparato político" de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 "en unión" del fallecido Francisco Javier López Peña, Thierry, "si bien por su carisma y ascendencia sobre el resto de militantes cabe considerar que ha tenido participación en todas las decisiones relevantes".
El auto destaca que en todos estos atentados los "máximos dirigentes" de la dirección de la banda en el periodo investigado "tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado".
En el caso del atentado de la T-4, que rompió la tregua decretada por la organización en 2006, el de Isaías Carrasco, días antes de las elecciones generales de 2008, o el del empresario Uría, vinculado a las obras del tren de alta velocidad, el juez González señala que "en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización terrorista".
"Centralismo democrático" ETA
De esta forma, concurren, en opinión del instructor, los requisitos exigidos por la jurisprudencia para calificar estos hechos en el supuesto de "autoría mediata por dominio de la organización", por cuanto las órdenes se ejecutaron "sin posibilidad de discusión" por los autores materiales, que se limitaban a cumplirlas. A este respecto, destaca que ETA seguía el "centralismo democrático" propio de las organizaciones marxistas.
El juez aplica el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 del Código Penal, al entender que estos atentados se cometieron "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella" y que las víctimas lo fueron por su pertenencia "a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas".
Decide no procesar al exjefe militar de ETA Mikel Albizu, Mikel Antza, al considerar que "durante el breve periodo de tiempo" en que se mantuvo al frente de la organización después de la entrada en vigor del delito de lesa humanidad, hasta su detención en diciembre de 2004, no se produjo ningún atentado con resultado de muerte.
La causa se inició en julio pasado a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA, que también dirigieron su acción penal contra María Soledad Iparaguirre Genetxea, Anboto; Gorka Palacios Alday, Jurdan Martitegui Lizaso, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi; Eugenio Echebeste, Antxon; José Luis Ansola Larrañaga, Peio el Viejo y Francisco Múgica Garmendia, Pakito.
El titular del juzgado, Javier Gómez Bermúdez, en excedencia para cubrir la plaza de magistrado de enlace en Francia, archivó el procedimiento aunque en febrero de 2014 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le obligó a reabrirlo para que investigara a todos los jefes de ETA desde 2004.