El Español da a conocer este lunes la existencia de un testigo sorpresa contra la Generalidad de Cataluña que puede aportar información que probaría que el proceso separatista del 9-N no quedó exclusivamente "en manos de 40.000 voluntarios", como dijo ante el juez el pasado 13 de octubre la consejera en funciones de Enseñaza Irene Rigau, también imputada.
Este testigo, con las iniciales C.G., cobra cierta importancia ya que, hasta ahora, se creía que la profesora Dolores Agenjo, la directora de instituto que cumplió la ley el 9N y no abrió las puertas de su instituto, era la única que negaba la versión de que la consulta separatista quedó en manos de voluntarios después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional.
La acusación popular que ejerce Manos Limpias acaba de solicitar al magistrado instructor Joan Manel Abril que llame a declarar a este trabajador de una empresa subcontratada para el reparto e instalación de los 7.000 ordenadores que se utilizaron el 9-N.
"Yo trabajé ese día repartiendo los ordenadores", ha indicado el nuevo testigo, que ha asegurado que la Generalidad subcontrató a su empresa "para repartir los ordenadores. Y no fueron voluntarios, como dicen ellos". Él, no lo fue y cobró por su trabajo, explica El Español.
Ya en el terreno personal, explica que le dio rabia que él y otros padres pasaran dificultades para poder comprar ordenadores para que sus hijos los utilizaran en el instituto "y resulta que había 7.000 portátiles a estrenar" para la 9-N.
El letrado de la acusación popular Pedro Muñoz Lorite ha solicitado que se cite al testigo y se recabe la documentación relativa a la empresa para la que trabajaba que pudiera estar relacionada con el encargo de reparto de los ordenadores. El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado, a propuesta de la Fiscalía, reclamar a distintos organismos públicos y empresas privadas nueva documentación relacionada con el 9-N.
Alguna está encaminada a comprobar la veracidad de lo declarado por Mas el 15 de octubre, cuando afirmó que no tuvo un conocimiento detallado de las consecuencias jurídicas de la providencia dictada por el TC el 4 de noviembre suspendiendo el 'proceso de participación ciudadana'.