La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado este martes, por unanimidad, que la juez Mercedes Alaya no instruya el caso de los ERE una vez que logró la plaza de la Audiencia de Sevilla que había solicitado. La propuesta, que debe elevar al CGPJ, añade que la medida de apoyo al juzgado quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando el magistrado de refuerzo Álvaro Martín.
La decisión fue adoptada en la reunión de la Comisión de la Sala de Gobierno del tribunal, con una mayoría abrumadora de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a la que pertenece, por cierto, la juez Alaya. La juez Núñez Bolaños pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria.
Hasta ahora, las decisiones de los siete miembros de la Comisión de la Sala, a excepción del Presidente, estaban a favor de que la juez Alaya siguiera instruyendo, como mínimo, el caso ERE. Pero hoy se ha producido la sorpresa. Por unanimidad, la sala competente del Tribunal Superior de Justicia ha apartado a la juez Alaya.
Toma cuerpo la interpretación que refuerza el papel de Álvaro Martín, juez de apoyo en el juzgado de la entonces titular, Mercedes Alaya y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental, solución que habría sido aceptada por la sala de gobierno ante la clara disposición de la nueva juez titular de impedir la presencia de la juez Alaya en su juzgado y los subrayados de esta última acerca de la escasa idoneidad de la nueva juez para instruir sus macrocausas.
En su acuerdo, el TSJA considera que la medida de apoyo al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye los ERE y cuya titular desde junio es María Núñez, quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando el magistrado de refuerzo Álvaro Martín. Claro que la decisión no puede ser definitiva ya que no es más que una propuesta del TSJA que se tiene que someter "a la consideración del Consejo General del Poder Judicial", el órgano que tiene la última palabra sobre las comisiones de servicio judiciales y que hasta ahora, no ha querido aclarar su posición.
Recuérdese que en junio pasado, el Consejo concedió a Alaya una comisión de servicio para instruir los ERE y el delito societario de Mercasevilla, pero a la magistrada le pareció insuficiente y pidió que le dieran también los cursos de formación y los avales de la Junta a empresas, aunque finalmente no instruirá ningún caso.
Con esto puede culminar, salvo que el CGPJ sorprenda a propios y extraños, una larga marcha judicial que ha puesto en un brete a la Junta de Andalucía y que ha estado jalonada de obstáculos, cuando no de insultos y agravios, con destino a la juez instructora. El horizonte de un juzgado en el que ahora deberá desfilar probablemente dos ex presidentes, varios ex consejeros, numerosos altos cargos de la Junta y demás compaña, podría resultar insoportable en el marco de unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.
Una pequeña historia de los ataques a la juez
Además de los ataques sucesivos contra su marido, auditor de profesión, cuya labor ha sido puesta en duda en varias ocasiones durante estos años, el primer ataque de relevancia fue el perpetrado por Alfonso Guerra, que le atribuyó una amistad "especial" con el entonces presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, que había sido decano de los jueces de Sevilla. Guerra oyó campanas pero no supo dónde antes de proferir lo que el Consejo General del Poder Judicial llamó ataque sexista. Tan sexista fueron los comentarios del enemigo número uno de su instrucción, el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, que celebró en 2012 que siguiera "tan guapa" pese a trabajar tanto. Ya en mayo de ese año, a los pocos días de tomar posesión, De Llera ya advirtió que no estaba de acuerdo con sus actuaciones procesales.
El mismo De Llera, que llamaba "rollo" al caso ERE, cuando la juez Alaya enfermó durante seis meses aprovechó para exigir su apartamiento de los casos señeros de corrupción andaluces. A finales de 2012, Emilio de Llera consideró necesario "tomar una decisión" para apartar definitivamente a la juez Alaya del caso, con fundamento en su incapacidad laboral transitoria. De hecho, se nombró a un sustituto y luego a una sustituta, Ana Curra, que no tenía buena relación con la juez, un caso que parece calcado del de Núñez Bolaños. Finalmente, Alaya volvió al juzgado y no se consumó la operación.
De Llera quiso que la operación Enredadera-Madeja pasase a manos de la Audiencia Nacional porque se investigaba en distintas provincias y comunidades españolas. La Junta de Andalucía estaba intentando simultáneamente que se apartase a la juez del caso de la trama de los fondos de formación. En este intento, participaban el consejero de Llera y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río que, se ha sabido ahora, cobraba en secreto de la Junta el alquiler de su vivienda en Granada. También atacó a la juez la defensa del ex consejero Ojeda que consideró que la causa debe ser anulada "por existir resoluciones dictadas por un órgano judicial distinto al que le hubiera correspondido por normas de reparto".
Un poco antes, en abril de 2012, el ahora imputado y entonces secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, llamó "opereta" a sus actuaciones contra el ex consejero Antonio Fernández, asimismo imputado en el caso. Pastrana consideró "absolutamente radical" que Alaya hubiese ordenado el ingreso en prisión sin fianza del exconsejero de Empleo.
Recuérdese que en 2013 el entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, bajó a Sevilla a amenazar a la juez. "Si se sigue demorando" el caso ERE, dijo, se tomarían medidas que podrían llevar" a la apertura de expediente disciplinario, le advirtió este magistrado perteneciente a Jueces para la Democracia.
Luego vinieron los ataques de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, tras comprobarse que el Supremo admitía el enfoque de la juez. Finalmente, se ha asistido a la sucesión de Alaya, que optó a la Audiencia de Sevilla creyendo que iba a seguir la instrucción de sus casos, por una juez, amiga del consejero de Llera, que está dinamitando la instrucción de los casos más importantes de corrupción de la historia de la democracia en Andalucía y en España.
Los primeros pasos de la nueva titular del juzgado, María Ángeles Núñez Bolaños no dejaban lugar a dudas. La instrucción de los macrocasos había cambiado de rumbo, de ritmo y de estilo y su primer paso fue anular un auto de su antecesora. El segundo, trocear el caso ERE y seguramente hará lo mismo con el caso de la formación. Lo tercero, aceptar en casi todo los criterios de la Fiscalía y así sucesivamente.
El último empujón lo puede dar el Consejo General del Poder Judicial dejando fuera a la juez Alaya de los casos que instruyó y que pretendía seguir instruyendo porque era natural que así fuera dada su complejidad e interrelación. No ha sido así . Qui prodest?