Eduardo Pascual Arxé, banquero imputado en la macrocausa de los ERE de Andalucía, permanece en paradero desconocido violando su libertad provisional. La juez Mercedes Alaya decretó la prisión preventiva para Pascual Arxé en 2013. Posteriormente obtuvo la libertad provisional previo pago de 600.000 euros de fianza. La jueza le había acusado de cobrar sobrecomisiones para gestionar, a través de sus mutuas, los fondos de los ERE fraudulentos.
Ya el pasado 28 de septiembre la Audiencia Nacional emitía un auto en el que se conminaba a Eduardo Pascual a comparecer en el plazo de 10 días. Llevaba sin dar señales de vida "desde el mes de julio", según recoge el auto que este viernes cita El Confidencial.
Precisamente, a finales de septiembre trascendía que tres de los acusados en el caso de los ERE fraudulentos no se habían personado en el juzgado de Sevilla que instruye el caso. Uno de ellos era el exdirectivo de la consultora Vitalia Eduardo Pascual. Este directivo declaró ante la juez Mercedes Alaya en septiembre de 2014 y afirmó que el PSOE se financió con el dinero de los expedientes laborales aprobados desde la Junta de Andalucía.
Pascual aseguró que de la Junta de Andalucía salieron 98 millones de euros para Fortia Vida, empresa que, según dijo, controla el Partido Socialista de Catalunya (PSC), y de allí 18 millones se destinaron "al bolsillo" de las sociedades de cuatro empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional. Ese dinero se invirtió en dos hoteles en la República Dominicana controlados por esos empresarios vinculados con el PSOE, según subrayó Pascual.
En aquella diligencia, también se advertía que había otros dos imputados que no se habían personado en el juzgado: el excomercial de Vitalia Jesús Bordallo, al que la juez Alaya, cuando instruía el caso, le imputó por hacer valer su "poder sobre las decisiones de la Junta" para incluir a 15 "intrusos" en las ayudas, entre ellos dos cuñados del "conseguidor" Juan Lanzas y varios sindicalistas o sus esposas. El tercer imputado que no había comparecido desde agosto en el juzgado es Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que estuvo encarcelado entre el 22 de marzo al 14 de junio de 2014. Aquella diligencia del juzgado de instrucción 6 en la que se informa de esta incomparecencia se remitió a la Fiscalía para que "alegue lo que en su derecho convenga".
Ahora, la Audiencia Nacional ha vuelto a decretar prisión para Pascual y también ha emitido una orden de búsqueda "y detención a nivel internacional".