Todo son problemas para Pablo Iglesias. Sin dejar aún atrás el fracaso de las catalanas, ahora se acrecienta la polémica por un posible "pucherazo" de su dirección en Alicante.
La dirección de Podemos en la Comunidad Valenciana dio a conocer este lunes su decisión, adoptada el pasado 16 de septiembre en reunión extraordinaria, de sancionar a 10 miembros de su cúpula en la ciudad de Alicante por un supuesto "pucherazo" en las elecciones que celebró el partido el pasado mes de enero para elegir a su consejo ciudadano local. No contentos con esta resolución, los sancionados han recurrido esta decisión a la dirección estatal, más concretamente a su comité de garantías.
Entre los sancionados se encuentra el máximo dirigente del partido en esa ciudad: el secretario general del partido en Alicante, Jesús Bustos. Además entre esos diez nombres también aparece la diputada autonómica Covadonga Peremarch.
Una larga polémica
Esta polémica comenzó hace unos meses cuando un sector del partido denunció que Bustos y otros cargos de Podemos habrían inflado el censo con la inscripción de menores y otras personas que votaron pese a no cumplir los requisitos, por ejemplo, no estar empadronados y usar direcciones falsas. Como prueba mostraron un grupo de whatsapp en el que se podía leer cómo gestionaban estas "trampas" al sistema de primarias.
Los sancionados, por su parte, dicen que las conversaciones en los grupos de whatsapp aportadas como prueba por los denunciantes han sido manipuladas "con cortes efectuados de forma interesada para alterar el sentido de los textos".
Por ahora, tras el recurso de los sancionados al comité estatal de garantías de la formación, la sanción que se les había impuesto, de un 1 año de suspensión de militancia e inhabilitación, queda suspendida hasta resolución definitiva.