El grupo parlamentario de UPyD va a registrar este lunes su texto alternativo a la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional, presentada por el PP al inicio del curso. La formación magenta se suma a una reforma que impida a quienes incumplan las sentencias del alto tribunal salirse de rositas, pero considera que debe hacerse con mejoras en el ordenamiento jurídico vigente y "sin desnaturalizar las funciones del TC".
El partido liderado por Andrés Herzog (abogado de profesión) critica que la reforma del PP, que presentó su candidato en Cataluña, Xavier Garcia Albiol, "pretende convertir al TC en un órgano pseudopenal con capacidades sancionadoras, entre ellas la inhabilitación, algo que sólo puede imponer un juez penal, pero no el Constitucional". Una manera, dicen, por la que el Gobierno de Mariano Rajoy trata de "suplir su falta de voluntad política para afrontar de cara el secesionismo catalán haciendo que el TC tome las decisiones que el Gobierno no se atreve a tomar".
En uno de los puntos del texto que defiende UPyD se dice: "El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, requerir a la Fiscalía que inste la apertura de un procedimiento por un delito de incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional".
La propuesta también contempla una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para crear la figura de la "suspensión provisional de empleo o cargo público". Según explica el departamento jurídico del partido "se trata de introducir una medida cautelar inédita en nuestro ordenamiento, y es de tal gravedad que, por lógica, solo puede imponerla un juez penal, y de forma excepcional".
Por último, la reforma incluiría una modificación del Código Penal para castigar a los funcionarios que incumpliesen una sentencia del TC: "Las autoridades, funcionarios públicos o particulares a quienes les correspondiese, que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Constitucional, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
El texto registrado por el grupo que lidera Rosa Díez se debatirá en el próximo pleno del Congreso de los Diputados.