La entrevista que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantuvo hace unas fechas con el exdirector del FMI y exministro Rodrigo Rato, y que le obligó a comparecer de urgencia ayer viernes en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ha vuelto a poner la lupa de la actualidad sobre un ministro que lleva cuatro años dando disgustos, muchos de ellos totalmente gratuitos, tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a sus propios subordinados.
Su primera entrada triunfal en la escena mediática sucedió apenas diez días después de haber tomado posesión. Tras asistir a la jura del cargo por parte de la delegada del Gobierno en Cataluña, dijo a los medios de comunicación que el déficit público de 2011 iba a ser del 8,2% del PIB. Enmendaba así la plana a los entonces ministros de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristobal Montoro, respectivamente, que horas antes habían dado cifras diferentes. Entró así de lleno en el primer gran problema de comunicación que tenía el recién estrenado Gobierno Rajoy.
El 25 de abril de 2012 el ministro desveló en los pasillos del Congreso que las Fuerzas de Seguridad francesas habían estado a punto de detener a una importante dirigente de ETA en las cercanías de Toulouse, pero que la operación de captura del yihadista Mohamed Merab la había frenado. El enfado en el seno de la Policía y la Guardia Civil española fue monumental. No en vano, la etarra Izaskun Lesaka, objetivo de la operación, se dio por aludida y puso pies en polvorosa. No sería finalmente detenida hasta finales de octubre de 2014.
Otro caso similar de querer apropiarse en mérito de una operación contra ETA ocurrió el 4 de julio de ese mismo año, cuando las Fuerzas de Seguridad francesas detuvieron cerca de Pau al terrorista de ETA Juan María Mújika Dorronsoro. Fernández Díaz había adelantado la detención del terrorista horas antes, durante una entrevista concedida a una emisora de radio. Los agentes galos llegaron a plantearse congelar la operación policial y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) dijo entonces que "lo que ha hecho el ministro del Interior es, objetivamente, un chivatazo a un miembro de ETA, anunciando públicamente que va a ser detenido".
Unos meses después, en agosto de 2012, volvía a situarse en el centro de la polémica. Entonces acusó públicamente a aquellos que criticaron la puesta en libertad del etarra Josu Uribetxeberría Bolinaga de "servir a la estrategia de ETA". "Quienes juegan a eso están entrando en la estrategia de esa gente, aunque no lo quieran", continuó, para añadir posteriormente que si el Gobierno no lo hubiera puesto en libertad por motivos de salud habría "incurrido en prevaricación".
Sus profundas creencias católicas le supusieron su primer problema mediático en marzo de 2013 cuando mostró públicamente su oposición al matrimonio homosexual. "Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La superpervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada".
Sólo dos meses después, en mayo de ese año, repetía situación durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior para informar sobre una operación contra ETA, y en la que también fue preguntado por el proyecto de ley sobre el aborto que entonces estaba en plena redacción. "Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA. Bueno, tiene algo que ver, pero, en fin, no demasiado", dijo entonces. Horas después, Interior tuvo que hacer público un comunicado en el que aseguraba que el ministro "en ningún momento ha querido establecer una comparación entre las personas que deciden abortar y los terroristas etarras".
El error más grave en la lucha contra ETA que se conoce fruto de un desliz de Fernández Díaz y su equipo ocurrió en enero de 2014. Pasadas las 15.00 horas del día 8, Interior emitió un comunicado a los medios en el que informaba de la detención de varios etarras en País Vasco y Navarra. Fruto de esto, las primeras informaciones de los medios, incluido Libertad Digital, salieron a la luz antes incluso de que los agentes de la Guardia Civil llegasen a las instalaciones del despacho de abogados de Arantza Zulueta y Jon Enparanza, objetivos de la operación.
Los abogados de ETA, alertados por las informaciones publicadas por los medios, tuvieron tiempo para destruir material e intentar esconder otro tanto a los agentes del Instituto Armado. Este fallo, que llegó a ser investigado por la Audiencia Nacional, terminó costando el puesto al que en ese momento era el director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior, aunque muchas voces se alzaron exigiendo la dimisión del propio Fernández Díaz.
No había pasado ni un mes cuando el Ministerio del Interior se volvió a ver en el foco de la polémica. Y el que el fallecimiento de quince inmigrantes que intentaban penetrar ilegalmente en suelo español a través de Ceuta a nado volvió a poner en evidencia el desbarajuste interno en el departamento de Interior, con graves problemas de sincronización a la hora de gestionar la información con la Guardia Civil.
Y no habían salido de esa polémica cuando entraron de lleno en la siguiente: los graves fallos en el dispositivo de seguridad diseñado para la jornada de las Marchas por la Dignidad convocadas el 22 de marzo de 2014. En aquella jornada, en la que los agentes salieron por indicaciones políticas con una importante falta de material para preservar el orden público, resultaron heridos un total de 67 agentes de la Policía Nacional.
Las críticas internas no le pararon de llover desde entonces. Los principales sindicatos de la Policía Nacional censuraron que Fernández Díaz tampoco hiciese acto de presencia en las capillas ardientes o actos de recuerdo que se organizaron con motivo de la muerte en acto de servicio de tres agentes de esta institución en los úlimos meses de 2014 y enero de 2015. El ministro prefirió asistir a actos de partido o dedicar el día a unas actividades no aclaradas por el Ministerio del Interior. Hace dos meses, en junio, sí asistió a la capilla ardiente de un policía fallecido en acto de servicio en Segovia.