El Gobierno, dispuesto ahora a delimitar competencias en la Constitución

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado dispuesto a modificar la Constitución en algunos casos muy concretos como la delimitación de las competencias del Estado y de las CCAA o la modificación de la actual preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona. Catalá también está abierto a suprimir el aforamiento de los diputados autonómicos, si bien en el caso de los de parlamentarios de Congreso y Senado, recuerda que eso implica una reforma de la Constitución y habría que tener un nivel de "consenso, reposo y tiempo suficiente" para analizarlo.

En una entrevista concedida a Europa Press, el titular de Justicia recuerda que la Carta Magna se ha modificado ya en dos ocasiones y cree que "seguramente" hay derechos de "nuevo cuño" que se han "consolidado" en los últimos tiempos y que "podrían tener mejor acogida en la Constitución".

En este sentido, ha señalado que "el Estado autonómico podría definirse mejor" y que transcurridos 37 años de la Constitución de 1978 se podrían "definir mejor cuáles son las competencias del Estado" y "cuáles son las competencias de las CCAA". Según Rafael Catalá, "se podría aprovechar esta experiencia de 37 años para ver cómo se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación". "Yo creo que es posible", apostilló.

Eliminar artículos transitorios

En esta línea de aplicar la experiencia acumulada en estos años, el ministro también recordó que en la Constitución hay artículos que tenían una naturaleza "meramente transitoria", por ejemplo, de "cómo se accedía a la autonomía" y eso "ya ha surtido efecto" por lo que, apuntó: "ya no es necesario mantenerlo en esos términos".

También recordó que hay otras cuestiones como las que tienen que ver con la sucesión en la Corona, la preferencia actual del hombre sobre la mujer, que "podría abordarse perfectamente y con un buen consenso social".

"Yo creo que se puede hacer una reflexión tranquila, razonable, fruto de la experiencia de 37 años de convivencia que llevaría a un planteamiento de reforma de la Constitución, sin duda", reflexionó Rafael Catalá, quien, sin embargo, deja claro que este planteamiento está alejado de "eslóganes" y centrado sólo en problemas concretos y "soluciones concretas que vayan encaminadas a reforzar el entramado institucional de la Constitución" y "no a revisar a todo lo que funciona y que funciona bien".

En este sentido, el titular de Justicia advirtió contra las propuestas de otros partidos que no son concretas. Así, citó el caso de Ciudadanos, de los que dijo que "no nos dicen cuál es su modelo"; o el del "estado federal asimétrico", que propone el PSOE u otros, dijo, que rechaza "completamente" y que proponen "revisar la transición". "Creo que haría falta algo más de concreción para abrir algo tan importante como es el esqueleto de nuestra norma fundamental de convivencia".

El aforamiento no es un privilegio

Rafael Catalá también abordó la polémica sobre el número de aforados que hay en España. Admitió que es un "número muy alto", pero considera que no es "fruto de ningún sistema de privilegios" sino que hay una serie de colectivos profesionales que tienen un tratamiento de enjuiciamiento de sus hipotéticas responsabilidades penales por un tribunal distinto del juez natura porque se encomienda a un juez superior. Se trata de los miembros de la carrera judicial o fiscal, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado, de las fuerzas armadas y de determinados ámbitos políticos representativos.

Sin embargo, aún reconociendo que se trata de un grupo muy numeroso, considera que se ha generado una debate "artificial" porque, dice, "parecería que el aforamiento es un privilegio" y el ministro considera que no es así, ya que "acorta los niveles jurisdiccionales de recursos posibles". "Quien es enjuiciado por parte del Tribunal Supremo no tiene posibilidad de hacer recursos posteriores", aclaró.

No obstante, admite que este aforamiento se puede revistar para determinadas figuras en el ámbito político. Sore todo, precisó, después de que la sociedad "ha evolucionado en los últimos años hacia una visión crítica del ejercicio de la política, hacia la no permisividad de ningún tipo de privilegio, hacia una mayor transparencia en la política".

Por ello, explica que todo esto puede llevar a plantearse "si es razonable que determinados ámbitos políticos, diputados autonómicos, consejeros autonómicos, deban tener un aforamiento para el enjuiciamiento de sus responsabilidades". "Eso está abierto, eso es posible", apostilló.

Reposo y consenso

Respecto al aforamiento de los diputados y senadores, Rafael Catalá recuerda que éste está recogido en la Constitución. Por ello, explica que "si abrimos un escenario futuro de revisión constitucional, ésta puede ser una de las cuestiones que se planteen", pero señala que es necesario saber que en este caso se está hablando de una reforma de la Constitución "porque eso viene de ahí".

Por lo tanto, señaló que "haría falta un nivel de consenso, un reposo y un tiempo suficiente como para poder analizar no sólo una pieza pequeña como es el aforamiento que está en la Constitución, sino también algunas otras cuestiones que puedan tener que ver con múltiples cuestiones". Pero eso, insistió, requerirá consensos políticos suficientes y el tiempo para elaborar propuestas que hasta el momento no las hemos conocido".