La polémica por la presencia o no de la Policía Nacional en el caso de la formación, que inició precisamente la UDEF con la investigación impulsada por la Seguridad Social en Málaga, se ha saldado en la Audiencia Provincial de Sevilla con una derrota de la UDEF y con el respaldo a la juez Mercedes Alaya que, como es sabido, prefiere para sus instrucciones a la Guardia Civil. En noviembre de 2014, la juez solicitó al Director General de la Policía que cesasen las actuaciones de la UDEF en el fraude de los cursos de formación que ella ya investigaba, no los que investigaban otros juzgados, y que la Policía entregase el resultado de sus pesquisas hasta ese momento.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió este auto que ahora ha sido respaldado por la Audiencia de Sevilla. Recuérdese que esta misma semana, el testigo protegido de la juez Alaya en el caso de la formación, Teodoro Montes, fue detenido e interrogado por la UDEF, siendo escoltado para tal anómala circunstancia por tres agentes de la Guardia Civil sin uniforme.
Según la Audiencia, el magistrado instructor es el que tiene las "atribuciones y competencias para requerir el auxilio de un determinado cuerpo o unidad de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuenteS". La juez no quería que la Policía dirigiera la investigación en su juzgado, tal y como ocurrió en el caso ERE, pero no se refería a otras actuaciones de la UDEF en el caso del fraude de la formación que llevan otros juzgados andaluces.
La imposibilidad de conciliar las investigaciones de la UDEF y la Guardia Civil es notoria y entre ambos cuerpos de seguridad hay una tradicional rivalidad profesional, atribuyéndose unos a otros defectos y carencias en los procedimientos. El auto de la Audiencia de Sevilla recuerda precisamente que "el propio Ministerio Fiscal es consciente de la imposibilidad de esta coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando dice en su recurso que comparte el criterio de la instructora de que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por ambos cuerpos".
De todos modos, el caso de la formación está en un momento delicado porque la nueva juez instructora, María Núñez Bolaños, parece inclinada a trocear los macrocasos, sobre todo los ERE y lel fraude en la formación profesional a parados y empleados. la juez Alaya, por el contrario, cree que el desguace de los casos persigue que la perspectiva cambie la consideración de prevaricación y malversación de los fondos que aporta una visión general a meras irregularidades administrativas que podría derivarse de una visión parcial.
Recuerda El Mundo que la decisión de la Audiencia, que es recurrible de nuevo, ratifica la decisión adoptada por Alaya, que, en cualquier caso no seguirá instruyendo el caso de la formación.
El origen de la decisión de la juez Alaya de apartar a la UDEF de su investigación fue una queja de la UCO de la Guardia Civil que estaba inquieta tras tener conocimiento de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional estaba tomando testimonios sobre hechos que afectaban a la instrucción de la juez Alaya. "Invasión ilegítima" o "dispersión de documentación" fueron los argumentos de la UCO además de subrayar el peligro de no poder determinar si altos cargos de la Junta y beneficiarios de las ayudas habían cometido o no presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Precisamente, la juez se refirió a las actuaciones de la UDEF en el caso del ex consejero Ángel Ojeda en agosto de 2013, aunque la verdad, corroborada por Libertad Digital, es que la UDEF estaba en posesión de importante documentación sobre Ojeda antes de que la juez Alaya comenzara su instrucción. De todos modos, se han producido duplicidades y contradicciones.
La contradicción más importante es la detención esta semana por la UDEF del testigo protegido por la juez Alaya, Teodoro Montes, ex jefe del servicio de Formación Profesional de la Junta. Otro caso ha sido el de la ex delegada provincial de Empleo Aurora Cosano, imputada por la juez Alaya y detenida esta semana por la UDEF. Además, la UDEF ha detenido de nuevo a Ángel Ojeda cuando ya estaba imputado por la juez Alaya.
En el mismo auto, la Audiencia desestima el recurso de la cuñada del ex consejero Ojeda, Teresa Florido Mancheño, contra la decisión de la juez Alaya de que comparezca los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.