La juez Mercedes Alaya, que llamó al consejero de Justicia e Interior de la Junta, el exfiscal Emilio de Llera, "notorio detractor del trabajo de esta instructora" en su reciente informe al Consejo General del Poder Judicial, ha comprobado la veracidad de su calificación. El consejero, mano derecha de Susana Díaz en los asuntos judiciales, ha dicho que "puede que sea la solución" que Alaya no continúe con la comisión de servicio al frente de los caso ERE y Mercasevilla, aunque recuerda que es una decisión del Poder Judicial que sigue guardando silencio. Es más, expresa que las actitudes de la juez Alaya no son "propias de un magistrado".
Por otra parte, la UDEF, cuerpo de la Policía Nacional que investiga parte del caso de la formación, en concreto, la Operación EDU y sus derivadas, detuvo este martes a Teodoro Montes, el exencargado de la Junta en el caso de los cursos de formación, por cuyos testimonios y ante las amenazas recibidas, había sido considerado testigo protegido por la juez Alaya, condición que, subraya El Mundo, no ha sido respetada por la Policía, en el marco de su tradicional enemistad con la Guardia Civil y la UCO, la fuerza de seguridad preferida por Mercedes Alaya en su instrucción.
Amigo de la sustituta de la juez Alaya
La juez Alaya puso de relieve en su informe al CGPJ dos circunstancias para poner en duda la idoneidad de la nueva juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que instruye las macrocausas de los ERE, el fraude de la formación, el caso de los avales de la Junta y otros: una, que la juez María Núñez Bolaños y su marido, el forense Julio Guija eran amigos personales del consejero de Llera y dos, que pertenecía al mismo instituto de enseñanza jurídica que Antonio Ojeda, hermano del imputado exconsejero Ángel Ojeda.
Por haber hecho estas consideraciones, la juez ha sido denostada por el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y por el propio consejero Llera, que intentan a toda costa retirarla definitivamente de la instrucción de los macrocasos que ha llevado a la cúpula de la Junta al banquillo de los imputados.
El grupo Joly, especialmente interesado en la figura de la juez Alaya, relata que el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, dijo ayer que "puede que sea la solución" que la juez no continúe en la comisión de servicio en el juzgado que investiga las macrocausas, tal y como apunta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien el consejero ha recalcado que se trata de una decisión que le corresponde tomar al órgano de Gobierno de los jueces.
Esto dijo de Llera después de subrayar que no va a entrar a valorar la posible decisión del Poder Judicial y de confesar que no había leído nada salvo la prensa. Luego añadió que las afirmaciones de Alaya no son propias de un magistrado y reclamó que la instrucción futura de los casos en la justicia española sen tarea de los fiscales.
La UDEF detiene al testigo protegido de Alaya
La Policía Nacional, versión UDEF, siempre ha reclamado la autoría de la investigación policial del caso de la formación que comenzó en Málaga y cuyos primeros trabajos fueron publicados en exclusiva por Libertad Digital. Por ello, no le sentó nada bien que la juez Alaya se hiciera con uno de los cuerpos de la investigación troceada actualmente en varios juzgados y que entregara la investigación a la Guardia Civil.
Pero ahora, la UDEF ha dado un paso más y ha detenido a Teodoro Montes, testigo protegido de la juez Alaya en el caso. Montes fue jefe de servicio de la formación en la Junta de Andalucía y denunció en varias ocasiones, con algunas retractaciones por miedo, el funcionamiento de las subvenciones.
Montes fue declarado testigo protegido por la juez Alaya y, como dice la ley Orgánica 19//994, de 23 de diciembre de protección de testigos y peritos en causas criminales, lo fue porque haberse apreciado racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado.
Por ello, es extraño que un testigo que debería ser policialmente protegido, como dice la Ley, haya sido detenido por la propia Policía que investiga parte del caso, la UDEF que, con esta decisión, desacredita de un modo muy llamativo la labor de la juez Alaya.
No es la única actuación discutida de la UDEF que, en el caso Aznalcóllar, ha visto cómo, cuenta El País, determinadas actuaciones de sus policías han sido denunciada por la Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, que agrupa a un centenar de profesionales, por "detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral" de una letrada que fue a declarar en relación al concurso minero de Aznalcóllar (Sevilla). Recuérdese que el concurso dio paso a un sonoro escándalo que obligó a Susana Díaz a paralizar su puesta en marcha el pasado mes de mayo tras la investigación abierta por la titular del juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, quien en un auto considera que la adjudicación se hizo "sin el mínimo rigor".
La letrada fue llamada a declarar junto con los integrantes de la mesa del concurso de la mina que investiga la juez y de las personas que formaban parte de la comisión técnica de la Junta que evaluó las ofertas presentadas. Según la citada asociación, pese a que los funcionarios no estaban ni detenidos ni imputados y acudieron a declarar de manera voluntaria, se produjo su detención en las dependencias policiales antes de comenzar las declaraciones a cuyo término fueron puestos en libertad.