La Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha remitido una diligencia a las Cortes Valencianas para que, en el plazo de cinco días, expida certificación respecto a si sigue siendo aforada como diputada o es senadora Rita Barberá, con motivo de una denuncia del PSPV contra ella por mantener menciones y símbolos franquistas en edificios de la ciudad, frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.
Según la diligencia hecha pública este miércoles por el TSJCV y fechada el pasado día 23, la Sala de lo Civil y Penal señala que, habiendo conocido por los medios el "posible nombramiento" de Barberá como senadora territorial, pide al Parlamento valenciano que así lo certifique en un plazo de cinco días.
El pasado mes de mayo, dirigentes socialistas y el abogado madrileño Eduardo Ranz presentaron una nueva denuncia en vía ordinaria contra la entonces alcaldesa de Valencia por un supuesto delito de desobediencia contra la Ley de Memoria Histórica, al declararse no competente el TSJCV para ver una denuncia anterior.
Según explicaron entonces el diputado socialista y secretario general del PSPV-PSOE, José Luis Ábalos, el coordinador del grupo para la Memoría Histórica, Matías Alonso, y el abogado Eduardo Ranz -que precisamente este mediodía ofrecen una rueda de prensa con propuestas de retirada de símbolos franquistas en la provincia-, el cambio de juzgado obedecía a la pérdida de aforamiento de Barberá tras la reciente disolución de Las Cortes.
Los hechos denunciados se refieren, según se indica en la misma, a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores con exponentes del franquismo que, según estiman los denunciantes, constituyen un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
Hasta la fecha, señalaba la denuncia, el Ayuntamiento de Valencia no había procedido a dar cumplimiento ni a la Ley de Memoria Histórica, ni a lo pronunciado por el Tribunal Supremo al respecto (el 17 de febrero de 2005).
Tampoco -según consta en la denuncia- había dado cumplimiento a la jurisprudencia de otros Tribunales y Juzgados desarrollada por razón de la materia ni a lo establecido en el Consejo de Europa, ni hasta la fecha existe elaboración alguna de catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura efectuada por el Ayuntamiento de Valencia.