El hecho se destaca en el nuevo atestado que la Guardia Civil ha entregado a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares. Según el informe, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que sigue estando aforado por no haber entregado al PSOE su escaño en el Congreso, troceó en tres partes una subvención de 1,8 millones de euros a la fábrica de loza sevillana Pickman La Cartuja para eludir la ratificación del Consejo de Gobierno, que era el procedimiento legal establecido para cantidades superiores a 1,2 millones.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla destacan, dice Europa Press, que la Junta de Andalucía habría concedido a Pickman varias ayudas o subvenciones "que pudieran vulnerar o infringir la legalidad vigente en el momento de su concesión-adjudicación y aplicación". Una de ellas, es la aportada a Pickman La Cartuja mediante un acuerdo de colaboración suscrito el 1 de diciembre de 2003 por el propio Viera y por Emilio Portes, en representación de la empresa, en el que se especificaba que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se comprometía a conceder a Pickman 1,8 millones "en concepto de adecuación inmediata de las instalaciones y maquinaria y utillaje", pero se abonaría dicha cantidad en tres cantidades en 2004, 2005 y 2006.
El convenio se firmó a finales de enero de 2004 entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA encomendándose a este ejecutar el compromiso por la Consejería regentada por Viera, a favor de la empresa subvencionada. En el documento, están las firmas de el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso, y el director general del IFA entonces, Francisco Mencía.
Ese mismo día, el 29 de enero de 2004, Guerrero escribió al representante de la empresa, Emilio Portes y le comunicó que se habían tramitado todas las ayudas y subvenciones y se refiere a una primera anualidad de 600.000 euros, del convenio de 1,8 millones.
Según la Guardia Civil, esta subvención debía de ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta, pero su troceamiento lo evitó eludiendo así los controles pertinentes.
Lo curioso es que la subvención a Pickman no fue bien vista por la Comisión de Viceconsejeros, el "consejillo", reunida el 25 de febrero de 2004 por lo que para eludir su rechazo se troceó a razón de la tres ayudas de 625.000 euros para 2004, 600.000 euros para 2005 y 575.000 euros para 2006 mediante un "rocambolesco", califica el atestado, procedimiento.
En el atestado, los agentes recuerdan igualmente las consideraciones aportadas por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, como la "falta de competencia" del director de Trabajo para la concesión de ayudas y subvenciones, la falta de publicidad, la "omisión" del cumplimiento de la normativa comunitaria, la falta de fiscalización de las ayudas por parte de la Junta o la inexistencia de acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.
No fue la única ayuda concedida a Pickman que recibió otra ayuda directa de 54.091 euros para sufragar el coste del mantenimiento de las instalaciones, supuestamente incurriendo en un delito de malversación; otra más de carácter sociolaboral excepcional por importe de 228.538 euros que podría implicar un delito de malversación para el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y o ayudas sociales por valor de 6,3 millones para el pago de pólizas.