De "doble discurso" califica ABC la posición de Susana Díaz sobre la propiedad y la gestión de la Mezquita Catedral de Córdoba. La presidenta andaluza, por una parte, calificó de "barbaridad" la inmatriculación del monumento por la Iglesia, su propietaria de hecho desde hace ocho siglos considerando que la Mezquita "es de todos" y gracias a una "ley injusta" del gobierno Aznar.
Por otra parte, Díaz llamó al diálogo y aun ratificándose en la reclamación de que sea pública, y no de la Iglesia, afirmó también que "su gestión tiene que seguir como hasta ahora respetando la sensibilidad de los ciudadanos". O sea, para la gestión sí hay apoyo ciudadano, pero para la propiedad del monumento no. El Cabildo Catedral ha vuelto a reiterar a la presidenta que tiene que respetar "las leyes y los acuerdos que el Gobierno andaluz tradicionalmente ha respetado".
Tras insistir en la explicación histórica de que la Mezquita-Catedral pertenece a la Iglesia desde 1236, ha recordado que la Iglesia ha invertido en diez años diez millones de euros en actuaciones de restauración y mantenimiento del monumento mientras que la Junta de Andalucía no ha gastado un euro desde hace veinte años. El meollo del nuevo debate reside en que el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba acordó en junio el archivo de las denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de diferentes monumentos, al resolver que los hechos denunciados carecían de contenido penal, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está amparada por la Ley Hipotecaria. Pero la decisión judicial ha impulsado el que las plataformas antipropiedad de la Iglesia hayan recurrido a la Eurocámara para pedir su anulación.
El debate se ha reactivado desde que el gobierno municipal en Córdoba ha pasado a manos del PSOE. Esta misma semana, el primer teniente de alcalde de Córdoba, Pedro García, de IU, anunció el objetivo de "remunicipalizar" más de doscientos bienes que están a nombre de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad, como algo "prioritario" en la agenda del bipartito PSOE-IU que gobierna la ciudad. Daado que IU ha asumido la competencia de Urbanismo, trata de desarrollar una estrategia que afecta a las propiedades del Obispado de Córdoba y de órdenes religiosas presentes en la ciudad. Recientemente, ha desestimado la titularidad eclesiástica de la Plaza de la Fuensante.