La Junta de Andalucía cuestiona abiertamente la actuación policial en el caso Mina de Aznalcóllar y acusa a la Policía de coacciones a los funcionarios que compusieron la mesa técnica que adjudicó el concurso a Minera Los Frailes, SL, una empresa que ni siquiera se presentó al concurso. Ha sido la acusación de María José Asensio, directora general de Minas de la Junta de Andalucía. Por su parte, la empresa Emerita Resources, excluida del concurso, irregularmente según la policía, habla de "chantaje" de las entidades ganadoras.
Asensio, responsable máxima del concurso cuestionado en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla por sus irregularidades,fue detenida y acusada por la Policía de prevaricación y fraude. Ahora, Asensio afirma en un documento remitido al Juzgado que las detenciones son, en realidad, una "coacción objetiva" a los funcionarios por parte de la Policía. Para explicar la gratuidad de las detenciones, la alto cargo dice que los funcionarios, cuyo deber es colaborar con la Justicia, hubieran declarado de todos modos voluntariamente.
La directora general de Minas de la Junta denuncia que la detención de los jefes de servicio, jefes de departamento, un interventor y una letrada que componían la mesa técnica fueron contrarias "a sus derechos como ciudadanos" y una "perturbación grave en el ejercicio de sus funciones públicas". Es más, según El Mundo, añade que menoscaba "la protección y promoción de los intereses generales". Termina "rogando" a la magistrada que las peticiones de información a los empleados públicos "no se produzcan mediante una detención policial".
María José Asensio habla además de "coacción mediática" impulsada por la empresa Emerita Resources, que tiene intereses en El Correo de Andalucía, diario antes socialista y ahora ligado al grupo Grupo Morera & Vallejo. Precisamente, el día 31 de julio de 2014, el propio periódico citado informaba que "el Grupo Morera & Vallejo ha formalizado su participación en la ampliación de capital que la empresa Emerita Resources ha acometido para realizar las primeras inversiones requeridas en el proceso de adjudicación de la gestión de la mina de Aznalcóllar". Recuérdese que Emerita fue finalista del concurso y que hubiese sido la adjudicataria si no se hubiesen manipulado las valoraciones en su perjuicio según la policía. El grupo ganador, encabezado por Magtel, está siendo investigado por tráfico de influencias con el gobierno andaluz.
Además, el informe enviado desde la Junta al juzgado defiende la legalidad de todo el procedimiento administrativo iniciado en 2014 y que derivó en la resolución del 25 de febrero pasado por la que se adjudicaban los derechos mineros de Aznalcóllar a Minorbis, la filial de Magtel. Luego resultó que la adjudicataria final fue otra empresa. Pero Asensio afirma que "la valoración realizada por técnicos cualificados se ha de presumir correcta porque es efectuada por empleados públicos", sentando una doctrina curiosa según la cual los funcionarios ni delinquen ni se equivocan por el hecho de ser empleados públicos.
A pesar del hecho de que fue Minera los Frailes, SL la que se adjudicó finalmente la realización del proyecto, la Junta mantiene que la única licitadora y adjudicataria es Minorbis -la filial del grupo Magtel- pero que ello no supone que sea irregular que la aceptación de los derechos la haya llevado a cabo Minera los Frailes.
La excluida habla de chantaje de la ganadora
Según El Correo de Andalucía, parte interesada en el caso, el técnico de la empresa Emerita Ismael Jesús Rodríguez Barbero dijo ayer a la jueza que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar que consideró un "auténtico chantaje" las afirmaciones del presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, durante una reunión en abril de 2014. En el transcurso de la misma, según su declaración, López Magdaleno le aseguró que tenían "la llave" del concurso. Además, le advirtió que cinco minutos después recibiría una llamada del secretario general de Innovación, Vicente Fernández, llamada que tuvo lugar y que hizo que el testigo se sintiera "presionado", pese a que no le indicaron nada en concreto.
Según ha explicado el abogado de Emérita, Ramón Escudero, a los periodistas con esta declaración ha quedado "claro" que la llamada efectuada por el representante de la Junta de Andalucía era una "medida de presión" y que el técnico de Emérita, que lleva más de 20 años trabajando con las diferentes empresas que han explotado la mina, dijo además que "no daba crédito" a las palabras que le transmitió López Magdaleno en la reunión previa a esa llamada. Por ello, ha asegurado ante la juez que las entendió como un "auténtico chantaje", pues, en palabras del abogado, era un "no aporto nada para el proyecto y la mina, pero quiero un tanto por ciento para que tu puedas conseguir la mina". A esto añadió expresiones como "cuánto se gana aquí" o "tengo las llaves del proyecto y la mina va a ser de la persona que esté con nosotros en el proyecto".