Durante la mañana de este martes se conocerá la decisión de la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el enfrentamiento de las jueces Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños por el control de las macrocausas.
Alaya quiere terminar de instruir "sus casos" pero Núñez Bolaños considera que ahora son suyos dada la decisión de la primera de aceptar un puesto en la Audiencia. Tras la batalla, se adivinan maneras muy distintas de instruir, además de opciones muy distintas, entre ambas juezas.
La relación de Alaya con la Junta y el PSOE eran malas - siempre ha recibido severas críticas de haber politizado el caso-, debido al rigor de su instrucción certificada ya por el Tribunal Supremo. La relación de Bolaños con la Junta y el PSOE es mucho mejor. Amiga del consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal Emilio de Llera, jefe orgánico de su marido, Julio Güiza, el psiquiatra forense en la Consejería.
Como es sabido, el reparto que la Sala de Gobierno aprobó en su reunión del pasado 23 de junio sobre las tareas de la juez titular y sus dos jueces de apoyo, fue que Alaya continuara con la investigación del caso de los ERE y del delito societario de Mercasevilla, mientras que Núñez Bolaños se centraba en el sumario de los cursos de formación -la causa más llamativa que se instruye actualmente en este órgano- y el de los avales y préstamos concedido por la agencia IDEA. Ninguna de las dos estuvo de acuerdo.
Rememora el grupo Joly que la juez Alaya envió directamente un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se oponía con vehemencia y argumentos contundentes al reparto aprobado y reclamaba de nuevo para sí misma la instrucción de las tres macrocausas: ERE, cursos y avales.
También la juez Bolaños envió un escrito a la Sala de Gobierno del TSJA en el que mostraba su desacuerdo con el reparto. Por un lado, creía que el caso de los ERE no se debía decidir hasta que la Audiencia de Sevilla resolviera sobre la división en piezas separadas, algo ansiado por la Fiscalía desde hace años y no concedido nunca por la juez Alaya. Pero es más, la juez Bolaños ha advertido a los jueces que van a decidir de las posibles nulidades que pueden producirse en torno a la decisión del TSJA de encomendar a Alaya el caso de los ERE, dado que la titular del juzgado es la juez natural predeterminada por la ley para la instrucción del mismo, circunstancia que podría ser esgrimida por alguna de las defensas de los más de 266 imputados en esta macrocausa.
Nueva sorpresa de la juez Bolaños
La sucesora de Alaya, cuenta El Mundo, ha reactivado la investigación al Gobierno central por su actuación en los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, resueltos con la formalización de pólizas de las que se beneficiaron 1.169 trabajadores y para las que la Junta se comprometió a pagar más de 138,23 millones de euros.
Nueva decisión que accede a la petición del ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Roberto Carmona, imputado en la causa. Ahora, Bolaños reclama documentación pero a la Delegación del Gobierno en Andalucía o a la Subdelegación del Gobierno en Huelva en relación a la crisis de la Faja Pirítica de Huelva, uno de los macroprocesos de prejubilaciones más costosos para la Junta.
También pide a la Dirección de Régimen Jurídico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la que pide copia completa de todos los expedientes incoados a la totalidad de los trabajadores de la Faja Pirítica para la determinación de los coeficientes reductores y un informe sobre los requisitos que se exigieron para establecer dichos factores multiplicadores de la edad. Gobierno del PP y Junta, gobernada por el PSOE, firmaron un acuerdo marco en 2002 por el que se comprometían a apoyar a los afectados –básicamente mediante el pago de prejubilaciones y recolocaciones– para paliar esa situación.
El documento del equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva fue entregado al juzgado del caso ERE el pasado 19 de marzo. En él, los investigadores policiales consideran que es la actuación del gobierno central fue "irreprochable" y que las irregularidades se dieron en la Junta. De hecho, la Guardia Civil cree que fue la Junta la que creó el "atajo" que le permitió conceder ayudas a colectivos «sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones para recibir las mismas», comprando de ese modo el "favor popular". Las irregularidades fueron tantas que casi un tercio de los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva –nada menos que 334 -, no debió beneficiarse de esas ayudas.