Si hace unos días, Manuel Chaves, expresidente nacional del PSOE y de la Junta de la Andalucía, descalificó al juez encargado del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreriro, acusándolo de mala fe y de desconocer el proceso legislativo, ahora su exconsejero de Presidencia e igualmente imputado en la causa, Gaspar Zarrías, le llama "justiciero" y "oportunista" y le atribuye un comportamiento político. Siguen con ello la mejor tradición antimontesquieu inaugurada por Alfonso Guerra y seguida con especial virulencia por Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la instrucción del caso Filesa por el juez Marino Barbero.
Zarrías ha superado a Chaves en el nivel de calificativos usado en el recurso remitido ayer al Tribunal Supremo. Comienza acusando al magistrado Alberto Jorge Barreiro, resume El Mundo, de buscar el castigo penal para una actividad puramente política y de comportarse como un "justiciero" y como un "oportunista" que actúa al albur de la "coyuntura social", supuestamente proclive a aplicar mano dura con casos de corrupción.
Además considera que la decisión de imputarlo es una decisión sin precedentes, a la que llama "hito en la historia judicial española", en la medida en que usa el Derecho Penal para castigar una responsabilidad que, de existir, sería de naturaleza exclusivamente política.
Zarrías considera "peligroso" franquear una línea que "vulnera reglas y principios fundamentales del sistema constitucional, como son el principio de legalidad penal, el de intervención mínima del derecho penal, el de división de poderes o el de soberanía en el ejercicio de la potestad legislativa". Añade que la decisión del instructor "es igualmente una decisión oportunista, en la medida en que se apoya en una determinada coyuntura social, fuera de la cual no se produciría".
Por tanto considera que su auto de imputación es "un precedente nefasto, no sólo por el criterio que introduce, según el cual una labor legislativa o un programa político pueden recibir una sanción penal, sino por la posibilidad –aún más grave– de que dicho criterio se aplique selectivamente o no se aplique, dependiendo de la coyuntura".
El recurso ha sido dirigido a la Sala que revisa las decisiones del instructor y defiende que no hay indicios del delito de prevaricación del que le acusa Barreiro. Según Zarrías, las transferencias de financiación no fueron usadas para eludir controles y fueron aprobadas por el Parlamento, lo que las hace legales. Incluso niega que los informes de la Intervención y /o la inspección advirtieran de ninguna ilegalidad.
Además la defensa de Zarrías ironiza sobre el hecho de que el juez Barreiro haya necesitado 129 páginas para concluir en la existencia de un delito de prevaricación que incluye una arbitrariedad palmaria y evidente.
Como colofón a su alegato, dice que "debatir en sede penal un sistema de ayudas sociolaborales que trataba de dar respuesta a unas situaciones críticas por las que atravesaban miles de familias en Andalucía supone convertir al sistema de justicia penal en algo más que un mero instrumento de política criminal; supone convertirlo en un mero instrumento de política". Y culmina su ataque acusando al juez Barreriro de seguir a la juez Alaya en sus planteamientos en lugar de haber llegado a otras conclusiones.