Además de la advertencia sobre la "lealtad" de su antes amigo, el todavía diputado del grupo Mixto, José Antonio Viera, imputado por el Tribunal Supremo y que ha desatado toda clase de sospechas sobre futuras declaraciones inquietantes, Susana Díaz tendrá que hacer frente a la acusación formal de la UDEF sobre el caso Mina de Aznacóllar.
En su informe, la policía acusa a la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley. Dada la implicación de Susana Díaz, personalmente, en la promesa electoral de reapertura de la mina, ahora también criticada por la Unesco, la oposición pide cuentas ya sobre otro de los escándalos que se suma al de las imputaciones de dos expresidentes, las cuentas de La Alhambra, el caso de la Universidad de Málaga y el caso de la piscina de Francisco Conejo.
La UDEF, y lo cuenta El País, ha finalizado su investigación por fraude y prevaricación con 15 detenidos entre altos cargos del Ejecutivo, técnicos y los dos empresarios ganadores de la convocatoria. Entre sus conclusiones se encuentra que en el concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado.
Aunque Susana Díaz suspendió la adjudicación en plena negociación de su investidura, se sabe ya que el informe de los investigadores afirma que a la competidora del proyecto ganador, Emerita, le fueron sustraídos al menos 6,5 puntos de manera indebida.
El Gobierno de Susana Díaz ignoró la transparencia debida en el concurso. La UDEF considera que el Consultivo debía haber emitido un dictamen dado que el proyecto supera los 300 millones pero la Junta intervino para que no lo hiciera. Extrañamente, al Grupo México no le fue exigida la documentación requerida en las bases porque este no fue licitador en el concurso, sino que solo prestó a Minorbis apoyo económico, técnico y financiero pero la policía incluye certificados, actas y resoluciones que indican lo contrario y rubrican la participación de Grupo México como licitador en unión con Minorbis.
La Junta, además de defender la legalidad del concurso, ha cerrado la vía administrativa al rechazar el recurso de alzada de Emérita, a la que acusa de basarse en "meros juicios de valor". "No se vulneró ningún derecho de la compañía, ni se halló ilegalidad en la resolución del concurso", concluye el Gobierno.
Curiosamente, la policía relata la intervención de la consultora Ayesa, una empresa muy vinculada a la Junta y en la que trabajan destacados socialistas, que protagonizó al parecer una maniobra de espionaje industrial al facilitar el proyecto de Emerita a su competidor Minorbis, que presentó ante la Junta una propuesta muy similar a la de Emerita. Recuérdese que una de las asesoras jurídicas de Ayesa es Amparo Rubiales Torrejón, expresidenta andaluza del PSOE y compañera de bufete de Javier Péresz Royo, con el que medió hace años en una operación urbanística en los terrenos de Minas de Riotinto.
La policía asegura que Minorbis utilizó datos y volúmenes de agua ficticios. Por si fuera poco, la propuesta de Minorbis incluía construir balsas de residuos tóxicos, prohibidas en el propio pliego tras el desastre ecológico del vertido en 1998 entre otras irregularidades.
Se confirma, además, la participación en la trama del ex director general de Innovación de la Junta Andrés Luque para Magtel por "servicios de asesoramiento", por los que recibió 430.000 euros.
Recuérdese que las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso el pasado febrero y a continuación la firma perdedora Emerita denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública, lo que desembocó en la investigación policial que acaba de concluir. Luego se supo que la adjudicataria final fue Minera Los Frailes, SL que no se presentó al concurso.