Se trata del conglomerado Sifosa, una organización empresarial denominada Asociación de Centros Formativos SIFOSA -Asociación SIFOSA-. En su constitución ante la Junta de Andalucía como tal asociación, que tuvo lugar en enero de 1997, figuraron José María González Romero, María Concepción Zamora García, Jesús Zamora Mazuelas, Rodrigo Jiménez Aguilar y Santiago Muñoz Zamora. En el conglomerado Sifosa aparecía la empresa CEFASA, apoderada en el momento de la denuncia, junio de 2013, por Benjamín Muñoz Zamora, administrador entonces junto con la ex presidenta andaluza del PSOE, Amparo Rubiales y el catedrático y asesor de Manuel Chaves, Javier Pérez Royo de un despacho jurídico y dos sociedades mercantiles.
La Fiscalía de Sevillla archivó con fecha 23 de abril de 2014 cuatro denuncias sobre el presunto fraude de esta asociación y empresas vinculadas en la obtención de subvenciones destinadas a cursos de formación, pero la UDEF en el marco de la operación Edu-ende, ha detenido según confirman fuentes del Ministerio del Interior a Rodrigo Jiménez Aguilar y a otros tres la semana pasada y por ahora.
La investigación policial ha concluido que en el expediente investigado, el grupo de empresas familiares, Sifosa, Cefasa y Serprosa hacía subcontrataciones injustificadas, simuladas e infladas entre ellas y pagaban a los profesores aproximadamente la mitad de lo que cargaban a la Junta de Andalucía como costes docentes.
A pesar del archivo de la Fiscalía, varios miembros de la trama han sido detenidos. El primero de ellos fue el administrador único de Insercom, Rodrigo Jiménez, cuya hermana está casada con Santiago Muñoz Zamora, un mero testaferro según las fuentes de Interior y que ha reconocido que el patriarca de la organización es Antonio Muñoz López, el padre de los Muñoz Zamora. Fue este patriarca el que le dijo que firmara como Administrador aunque afirma que jamás tuvo que ver nada con la mencionada empresa. Es más, según las mismas fuentes, su firma fue falsificada en reiteradas ocasiones tanto para la obtencion de las subvenciones como para su gestión y justificación.
El segundo detenido fue Antonio Boraita, que también figura en el expediente investigado. Boraita es asimismo familiar de los Muñoz Zamora de los que es primo o sobrino y figuraba como responsable de formación de Andalucia Oriental.
También fue detenida María Salas, que aparentemente figuraba como administrativa, pero que era la que se encargaba lo relacionado con la formación en Huelva con quejas diversas de los alumnos. El último detenido fue un trabajador de Sifosa que eera responsable de coordinación del conglomerado en Andalucía Occidental. INSERCON se creo como fachada en la provincia de Huelva para captar los fondos públicos.
Todos los detenidos han confesado que quien mandaba, dirigía y daba las instrucciones era Antonio Muñoz López, el patriarca y padre de los Muñoz Zamora.
Algunos de los hechos ahora comprobados por la UDEF fueron denunciados ante la Fiscalía de Sevilla que incluso prorrogó el tiempo para actuar y practicar las diligencias y que finalmente archivó las cuatro denuncias presentadas en 2013 aportando documentación que pretendía probar que no se cumplían los requisitos para recibir subvenciones por parte del conglomerado conocido como Sifosa.
De hecho, se probó que CEFASA no depositaba sus cuentas en el Registro Mercantil, ni pagaba sus impuestos y sufría numerosas reclamaciones de diversas Administraciones Públicas, muchas de ellas de la Tesorería de la Seguridad Social.
Sin embargo, la Fiscalía en su auto emitido casi un año después tras una prórroga no encontró ningún indicio de delito ni de infracción en la tramitación de las subvenciones. De hecho, el fiscal de la Audiencia de Sevilla, Luis Robredo, firmante del escrito de archivo dice: "Pues bien, de la investigación practicada no se deduce que los denunciados hayan falseado las condiciones requeridas para su concesión (de subvenciones) ni ocultado las que las hubieran impedido".
Y añade explicando que no estar al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería de la Seguridad Social no es problema. Dice lo siguiente: "... La repercusión que tiene las subvenciones que se conceden para la formación de los trabajadores, las entidades beneficiarias están exentas del cumplimiento de la obligación contenida en la letra E del artículo 13 apartado 20 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/03 del 17 de noviembre) que es el que se refiere a la necesidad de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o de la seguridad social. Por tanto, aun cuando las entidades Sifosa y Sefasa (realmente es CEFASA) no se encontraran en el momento de solicitar las subvenciones al corriente en dichas obligaciones no habrían falseado las condiciones requeridas para su concesión".
Finalmente, el fiscal añade: "Por otra parte no existe constancia de que en el procedimiento de concesión de las subvenciones haya habido algún tipo de irregularidad ni denuncia de otras empresas que se consideraran de mejor derecho. El posible trato de favor denunciado por la vinculación de directivos de Sefasa y Sifosa con personas cercanas a la administración y al partido gobernante en esta comunidad autónoma, no es más que una mera sospecha sin aportación de ningún indicio racional sobre la posible connivencia ilícita n la concesión de las subvenciones... no se deduce que los cursos para los que se concedieron las subvenciones no se impartieran y que el dinero fuera desviado a fines espurios, más bien al contrario, los cursos se impartieron y no existe constancia de irregularidades que vayan más allá de simples sospechas".