Podemos y Ciudadanos (C's) se han unido al Partido Popular andaluz para lograr que se constituya una comisión de investigación parlamentaria sobre el fraude de la formación. IU quiere presentar una propuesta propia y el PSOE se ha opuesto por escrito a la iniciativa, lo que obligará a que sea el pleno del Parlamento de Andalucía el que decida si se constituye o no.
En esta primera importante votación parlamentaria, se pondrá de manifiesto que la mayoría real de Andalucía no descansa en Susana Díaz ni en el Partido Socialista sino en los partidos de la oposición que, cuando se unen por razones de higiene pública como en este caso, disponen de la mayoría absoluta en en Parlamento.
Había dudas de si Podemos y Ciudadanos iban a apoyar esta comisión de investigación. El primero por no votar una iniciativa del PP y el segundo por haber apoyado expresamente la investidura de Susana Díaz. Pero se han disipado en poco tiempo. Ambos partidos han puesto por encima de todo la lucha contra la corrupción.
Tácticamente la decisión les conviene a ambos. A Podemos porque arrincona aun más al PSOE y le hace depender de sus votos en toda la tramitación y desarrollo de la Comisión. A Ciudadanos, porque consciente de que se barrunta un varapalo electoral en Andalucía, quiere recuperar cuanto antes la credibilidad perdida.
Dado que la iniciativa no podrá votarse en el pleno del próximo día 1 de julio por no estar en el orden del día, habrá que esperar, probablemente, hasta el pleno que tendrá lugar antes de las vacaciones de agosto, los días 22 y 23 de julio o en otro caso, aguardar al plenario de septiembre.
La comisión que nunca fue aprobada
PSOE-A e IULV-CA, mientras fueron aliados en el gobierno andaluz, rechazaron por tres veces la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre fondos de formación que formuló el PP-A. El PSOE se oponía a ella por razones obvias pero aducía que el caso estaba ya en los tribunales. Izquierda Unida siempre se opuso a las mismas por tratar de no coincidir en nada con el Partido Popular. El PSOE ni siquiera ha aportado a los grupos parlamentarios los ocho informes de los ocho interventores de la Junta en las ocho provincias andaluzas que publicó completos y en exclusiva Libertad Digital.
No era algo nuevo puesto que desde el año 2010 el PP ha presentado más de 120 iniciativas en el Parlamento para intentar aclarar, según Carlos Rojas, portavoz en el Parlamento andaluz "qué ha pasado, quién o quiénes son los responsables, cómo se ha desviado ese dinero, dónde a ido a parar, y por qué; y que se ha hecho para depurar responsabilidades políticas".
El PP ha llevado a la Cámara 36 solicitudes de información, 39 preguntas escritas, siete comparecencias en comisión, una proposición no de ley en comisión, 17 preguntas orales en pleno, 10 preguntas orales en comisión, una iniciativa fiscalizadora,7 comparecencias en pleno, y 4 peticiones de comisión de investigación, tres ellas debatidas y rechazadas. Incluso los diputados del PP visitaron seis veces las dependencias de la administración para consultar expedientes, siguiendo las instrucciones de las respuestas de la Junta.
Por fin, la oposición andaluza logra un acuerdo que impulsa la décima comisión de investigación que se va a crear en la historia del Parlamento andaluz. La última fue en la pasada legislatura, relativa a irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), un asunto que en esos momentos, al igual que actualmente, estaba bajo investigación judicial.
La diferencia está en que en la Comisión que investigó los ERE fue un socio del gobierno, IU, el que ostentó la presidencia de la investigación y la responsabilidad principal sobre la misma, responsabilidad que ahora recaerá sobre un partido de la oposición, salvo sorpresas.
Curiosamente, antes de la comisión de los ERE, hubo 17 años de gobierno de Manuel Chaves en que no se creó ninguna comisión de investigación debido al rechazo sistemático del PSOE a cualquier iniciativa en tal sentido, a veces apoyado por el Partido Andalucista, su socio de gobierno durante los años en el que no obtuvo mayoría absoluta.
Se aviva el escándalo
Subraya ABC que fue la propia Susana Díaz la que proclamó en el Parlamento que se estaban ejecutando los procedimientos de reintegro para recuperar la mayor parte del dinero defraudado. Pero haber iniciado la revisión de los expedientes con siete años de retraso hace posible que las facturas más antiguas no sean recuperadas nunca.
Por otra parte, la operación EDU y sus derivadas, sólo ha podido realizar un muestreo provincial de estas ayudas en un período determinado y ceñidos a expedientes determinados, por lo que la mayor parte del fraude real puede quedar oculto. El PP lo cifró ayer en más de 6.000 millones de euros.
La propia Junta cifró inicialmente en sólo 20,8 millones de euros, una cantidad menor, por ejemplo, al recibido por el exconsejero Ángel Ojeda el quebranto causado por los cursos subvencionados que fueron justificados irregularmente. Pero ahora admite ya que tiene «5.170 documentos contables» sobre expedientes a punto de caducar. Lo explicaba el pasado mes de mayo el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín, en un escrito remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, donde la juez Alaya investigaba hasta ahora el fraude masivo en los fondos de formación. De producirse la prescripción, el supuesto desvío de fondos podría quedar impune y decaería el derecho de la Administración a reclamar el dinero.
La Junta culpaba indirectamente a la juez Alaya del estropicio puesto que le pedía a la magistrada que le entregara "progresivamente" los documentos almacenados en 2.058 cajas archivadoras custodiadas en dependencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) bajo precinto judicial.
En realidad, desde el pasado 10 de abril Alaya pidió a la Junta que designara un equipo de funcionarios para atender los requerimientos judiciales sobre los expedientes, pero la Junta adujo falta de medios y sólo proporcionó tres, dos técnicos y un administrativo, cantidad claramente insuficiente para atender el requerimiento judicial.
El caso Griñán
Hace dos días saltaba a la luz el caso de los 190 millones de euros repartidos en sólo dos días por el gobierno de José Antonio Griñán a los empresarios andaluzas(CEA) y a los sindicatos de "clase" (CCOO y UGT).
Por si fuera poco, tan ingente cantidad de dinero para formación profesional fue concedida sin concurrencia competitiva saltándose a la torera todas las normas habituales.
Hoy destaca ABC que en los borradores de dichos acuerdos remitidos por la Consejería de la Presidencia al juzgado que investiga el fraude de la formación aparecen tachados párrafos enteros sobre el sistema de pago de las ayudas. Como consecuencia la Junta presidida por Griñán autorizó el abono, sin justificación previa de la totalidad del importe de la subvención cosa inusual porque, como es sabido, se anticipa el 75% de la ayuda y se paga el 25% restante después de justificar los gastos.