Libertad sin fianzas para los alcaldes del PP de Moraleja de Enmedio y Sevilla la Nueva

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado libertad sin fianza para el alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada (PP), su pareja, Teresa Martín, técnico municipal del Ayuntamiento de este municipio madrileño, y el alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario de Utrilla. El instructor ha adoptado esta decisión tras haberle tomado declaración a los tres este jueves en calidad de imputados en el marco de la operación Púnica.

Según han informado fuentes jurídicas, Carlos Estrada se encuentra imputado por los delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho, mientras que la técnico municipal permanece imputada por prevaricación, fraude y malversación. Como medida cautelar, ambos deberán comparecer de forma mensual en la Audiencia Nacional. Tanto el alcalde de Moraleja de Enmedio como su pareja fueron detenidos ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al alcalde de Moraleja de Enmedio y su pareja sentimental se les investiga por contratos supuestamente irregulares que adjudicó su ayuntamiento con la empresa Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez y vinculada a la trama corrupta que supuestamente lideraba el exconsejero madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza. La Fiscalía Anticorrupción había pedido una fianza de 50.000 euros para cada uno de ellos, pero el juez Velasco ha preferido decretar su libertad sin fianza.

El 'conseguidor' se niega declarar

Por su parte, el instructor ha preguntado a Mario de Utrilla por las adjudicaciones de la trama en el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, que actualmente dirige.

El exdiputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, es hermano del exconcejal de Móstoles Alejandro Utrilla, que está imputado por siete delitos en esta macrocausa por haber favorecido a la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones de euros. Utrilla ha negado haber ejercido ningún tráfico de influencias a favor de la adjudicación de contratos a Cofely.

Por último, ante el juez Eloy Velasco también ha comparecido el empresario Alejandro de Pedro Llorca, el presunto el "conseguidor" la trama, quien se ha negado a declarar alegando motivos de salud. El imputado ha aportado un informe piscológico al juzgado y ha señalado que su estado anímico le imposibilita a declarar la "serenidad y el rigor necesario" en sede judicial.