El Ministerio de Defensa quiere frenar cualquier tipo de polémica sobre el acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas con el objetivo de evitar situaciones como las que se han dado con la comandante Zaida Cantera en los últimos meses. Es por ello que en las últimas semanas ha redactado un primer borrador sobre el futuro protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la institución.
El objetivo de este texto, que ya ha sido remitido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, es "reforzar la protección de posibles víctimas de acoso sexual en las Fuerzas Armadas", servirá "como defensa frente al acoso en el ámbito profesional y laboral que potencialmente sufriera el denunciante de algún tipo de acoso sexual" y es "mucho más proteccionista con las víctimas en este terreno frente a la regulación anterior heredada".
Según informaron a Libertad Digital fuentes del Ministerio de Defensa, el borrador apuesta por crear "medidas de prevención" que "tienen como finalidad la información, sensibilización y formación del personal para prevenir cualquier conducta que pueda ser susceptible de ser definida como acoso sexual", al tiempo que se añaden "medidas para superar el miedo a denunciar y se refuerzan las vías de denuncia".
"La víctima de acoso puede dirigirse directamente a la autoridad con competencia sancionadora (JEMAD, Subsecretario de Defensa, JEME, JEMA AJEMA) sin necesidad de utilizar el conducto reglamentario en la denuncia de los hechos. Con ello se facilita la denuncia sobre todo en los casos en que el presunto acosador es el superior jerárquico", explican las fuentes consultadas, que destacan que también se podrá remitir la denuncia a una nueva Unidad de Protección frente al Acoso, además de al Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las FAS.
En el nuevo borrador "se garantiza la intimidad y confidencialidad ante la presentación de cualquier denuncia por acoso", se incluyen medidas de "movilidad voluntaria para la víctima y el presunto acosador para que desempeñen su trabajo en puestos alejados", y se recoge "el deber de todo militar que observe una conducta constitutiva de acoso de corregir esa conducta y de poner los hechos en conocimiento de la autoridad sancionadora".
Asimismo, se crearán Unidades de Protección frente al Acoso (UPA,s) en la Dirección General de Personal, en cada Mando o Jefatura de Personal de los ejércitos y en la Jefatura de Seguridad y Servicios del Estado Mayor de la Defensa. Estás unidades servirán "de canal de asesoramiento y de información para toda persona, como de protección de la víctima, realizando una labor de asistencia, apoyo, control y seguimiento".
Las fuentes consultadas por este periódico indican que el texto recoge que "la autoridad competente velará porque el procedimiento abierto por acoso se tramite y resuelva con la máxima celeridad y diligencia posibles, con la finalidad de acreditar los hechos y de reducir los efectos derivados de la situación de acoso". Las víctimas podrá soliciar cambio de puesto en la Unidad o cambio de destino en la misma o distinta localidad, mientras que al presunto acosador "se le cambiará de puesto en la unidad por decisión del Jefe de Unidad, se le destinará en comisión de servicio a otra unidad o pasará a la situación administrativa de suspenso de funciones".
También se prevé la adopción de medidas cautelares y provisionales contra el presunto acosador, como el "arresto cautelar por un periodo máximo de 48 horas" o el "cese en sus funciones por un máximo de dos días", siempre por decisión Jefe de la Unidad, mientras que la autoridad con competencia sancionadora podrá ampliarlo a "arresto preventivo por un máximo de 20 días", "cese en funciones por un máximo de 20 días" o "pase a la situación administrativa de suspenso de funciones por seis meses".