El alcalde de Albox da un mitin al tribunal desde el banquillo de los acusados

Se le ha juzgado en el Juzgado de lo Penal 1 de Almería, por negar "sistemáticamente" información al portavoz del Partido Popular, Juan Pedro Pérez, y el resultado ha sido que la Fiscalía ha mantenido el mismo criterio, por lo que, tras la vista, reclama una condena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de un delito contra los derechos cívicos. Rogelio Mena, el encausado, era el secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva de Susana Díaz y no ha dimitido de la alcaldía de Albox.

Cuenta Noticias de Almería que el juicio ha parecido un mitin político, ya que Mena, recientemente reelegido como alcalde, ha llegado a decir que "este alcalde, si algo tiene, es que es profundamente demócrata y mi disposición ha sido facilitar siempre toda la transparencia y la participación de cualquier concejal. Esas han sido mis directrices y órdenes a todos los servicios técnicos de la corporación", afirmación que no comparte el fiscal.

Además, ya metido en faena, ha explicado al Tribunal que su gestión ha marcado "un punto de inflexión" en el Ayuntamiento de Albox, sustituyendo a su  compañero de partido, José García, a quien su defensa ha acusado de "desastre" en la gestión. En su mitin ante el tribunal, ha recordado que las últimas elecciones municipales le han supuesto el aval de las urnas con mayoría absoluta" por haber resuelto problemas.

Incapaz de terminar, añadía que "soy alcalde presidente en el marco de una elección política, no técnica ni administrativa. Cuento con personal técnico propio y externo que da respuesta en el marco de la legalidad vigente". Añadió que "asumí la Alcaldía en un marco socioeconómico adverso, con problemas ingentes de recortes de ingresos del Estado del 50 por ciento y también de impagos. No estaban aprobados los presupuestos y había cortes de energía eléctrica, además de serias dificultades por la salubridad del agua. Ante este escenario dramático en todos los sentidos, mi objetivo era centrarme en la resolución de estos graves problemas y no la de obstaculizar ya que los órganos administrativos eran los que respondían en base a procedimientos reglados".

Respecto a la acusación que lo ha llevado al banquillo, Mena sostuvo que "nunca estuvo en su ánimo" impedir el control y fiscalización" de la gestión municipal y justificó su negativa a entregar la documentación al primer partido de la oposición porque el portavoz del PP "pretendían la obstrucción de la acción de gobierno". Incluso negó que impartiera instrucciones para que no se facilitara documentación al concejal.

En ese momento, el fiscal aportó un escrito en el que  "se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar expedientes por no contar con la autorización de la Alcaldía" y un acta notarial que "corroboraría" la versión del denunciante del PP. Se trata de una diligencia de noviembre de 2013 "en la que se hace expresa remisión a la falta de autorización por parte de Alcaldía" y a un acta notarial que "avala la versión" de Pérez Quiles "en lo que se refieren a que le mandaban a hablar con uno y con otro sin darle respuesta al final".

Mena se justificó diciendo que el Ayuntamiento de Albox es "muy grande", y que las condiciones de acceso a la información y de respuesta a estos requerimientos están reglados en virtud de dos resoluciones de 2009 que él amplió fijando días y horas específicos para consulta cuando accedió a la Alcaldía. También dijo que  permitía ver documentos pero no copiarlos por exigencias de la Ley de Protección de Datos.

Los expedientes reclamados por el PP de Albox eran los de la contratación y facturas relativas, algunas acogidas al Plan de Proveedores, de las empresas 'Planta de Reciclaje Albox SL', 'Demoliciones y Asfaltos La Calzada SL' y 'Alcaina Estudio de Ingeniería', sobre cuyo trámite se han advertido irregularidades. Dichos expedientes aún no han sido aportados al peticionario.

El juicio ha quedado visto para sentencia y el fiscal ha concluido que ha quedado "acreditada" la comisión de delito por parte de Mena pese a la "contradicción existente" en la versión de denunciante y denunciado dado el peso como prueba de cargo de la "prueba documental".