El Consejo Fiscal ha emitido este lunes su informe preceptivo sobre reforma de Ley Tributaria donde critica distintos aspectos de la polémica ley promovida por el ministro Montoro.
En primer lugar, los fiscales creen que la publicación de los nombres de los condenados en sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública "podría vulnerar su derecho al honor e intimidad".
Por otro lado, el órgano fiscal critica que esta medida se plantee para este tipo de delitos "y no contra otros de mayor gravedad". En línea con esta postura, el Ministerio Público propone "regular el acceso público al contenido de las resoluciones, valorando la gravedad de los delitos".
Además, el Consejo Fiscal considera que una reforma como ésta debería realizarse en el Código Penal y no en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Delitos de mayor gravedad
La ponente del informe, la fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, subraya en el mismo que la publicación de nombres y apellidos de condenados "debería quedar limitada a delitos castigados con mayores penas, como son aquellos contra la vida, la integridad física, la libertad sexual o los ataques contra la Administración Pública".
"El Consejo Fiscal estima que podría considerarse la posibilidad de regular la forma de acceso de acceso público al contenido de las sentencias penales, pero valorando la gravedad de los hechos delictivos a los que se refieran aquellas. Por ello consideramos que una reforma como ésta que podría afectar a la Parte General del Código Penal, se debería hacer una reflexión global sobre todos los tipos penales, delimitando las sentencias que deben ser objeto de publicación o conocimiento público, los datos de las mismas que deben ser conocidos y las forma de acceso a su conocimiento, en función de la gravedad de los delitos que hayan sido juzgados", sostiene el informe.
Derecho al honor
Además, en el documento, el Consejo Fiscal valora cómo la divulgación de una condena puede vulnerar el derecho al honor de quienes hayan cometido dichos delitos fiscales. En paralelo, el informe explica que esto podría "menoscabar seriamente el principio de rehabilitación y reinserción, contemplado en el artículo 25.2 de la Constitución".
De hecho, el documento plantea que, para "no frustrar la reeducación y reinserción social del delincuente", es conveniente estudiar medidas encaminadas a borrar los antecedentes penales cuando estos hayan sido cancelados propiciando que "los datos de la condena se eliminen también del lugar en que hayan sido publicados".
"La publicación de las sentencias condenatorias no puede frustrar la reeducación y reinserción social del delincuente por lo que, de adoptarse como pena, deberían establecerse las medidas necesarias para que, una vez cancelados los antecedentes penales, los datos de la condena se eliminasen también del lugar en que hayan sido publicados", defiende la Fiscalía.
Por otro lado, el Ministerio Público añade que el principio de irretroactividad "exige que la norma sólo pueda aplicarse a los delitos que se cometan tras su entrada en vigor".
El CGPJ avaló por la mínima la ley
La reforma de Ley Tributaria prevé la publicación de una lista de deudores -compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros- y otra de defraudadores, con las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra Hacienda que se confirmen, tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial avaló hace quince días en un Pleno extraordinario el informe favorable a la nueva ley Montoro gracias al voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes.