"La investigación de los hechos no ha resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento, no se ha incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas ni se ha producido riesgo alguno para la integridad física del funcionario policial, agente encubierto, que interviene en la causa".
Por todas estas razones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este jueves al juez Santiago Pedraz que mantuviera el archivo de la causa donde se investiga un posible chivatazo policial a una célula yihadista en Cataluña que fue detenida por los Mossos d'Esquadra en la conocida como operación Caronte.
Tras recibir el informe del fiscal, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia decidió con gran celeridad no reabrir las diligencias previas sobre este supuesto soplo policial y, en consecuencia, mantener el archivo de la causa que dictó el pasado mes de febrero.
Juez y fiscal han adoptado esta decisión después de que los Mossos d'Esquadra presentaran la semana pasada un informe ampliatorio en la Audiencia Nacional solicitando la reapertura de la investigación aportando la declaración de un testigo protegido "como un elemento nuevo" para el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo califica "en todo caso" de "un testigo de referencia que relata en términos genéricos lo que otras personas le comunicaron sin precisión de más datos adicionales que deban ser valorados y tenidos en cuenta para proceder a la reapertura de la causa".
No se perjudicó la operación
Lo cierto es que aunque la denominada 'operación Caronte', donde se detuvo a once presuntos yihadistas, no se vio perjudicada por el supuesto chivatazo de la Policía Nacional, el asunto ha despertado gran polémica entre ambos cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Hace una semana el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, Ramón Espadaler, insistió en que dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía avisaron a la célula yihadista a través de un confidente de que estaba siendo controlada policialmente, poniéndose en peligro la investigación y la integridad de los Mossos que llevaban las pesquisas. El Gobierno central siempre negó el supuesto chivatazo de la Policía Nacional.
Los Mossos d'Esquadra trasladaron sus sospechas al juez Pedraz, que abrió una pieza separada por un presunto delito de revelación de secretos y colaboración con banda armada.
El magistrado practicó diversas diligencias de investigación que incluyó la toma de declaración a testigos y a varios imputados. Finalmente, optó por archivar las diligencias el pasado 17 de febrero, tres meses después del presunto soplo y mes y medio antes de las detenciones, porque "no ha quedado debidamente justificada la perpetración de delito".