Ecologistas en Acción se personó el pasado viernes en el caso Mina de Aznalcóllar, instrucción abierta en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, cuya titular es Patricia Fernández, que ha considerado que en el concurso para la adjudicación de la mina la beneficiaria Minorbis-Grupo México no cumplió ni uno solo de los requisitos.
Al tener acceso a la documentación sobre el caso, la organización advirtió la presencia de un imputado en el caso Boliden -el famoso vertido de lodos contaminantes de 1998. El quid de la cuestión es que este imputado estaba en el jurado que concedió la adjudicación al grupo ganador que el alcalde de Aznalcóllar llamó "un grupo de amigotes".
El imputado Juan Manuel Revilla fue el secretario de la mesa de contratación del concurso minero de Aznalcóllar. Revilla, ahora jefe del departamento de ordenación minera de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, fue el funcionario imputado en la rotura de la balsa de Boliden, porque era uno de los encargados de inspeccionarla. Cuando preguntaron a los responsables de Boliden en el juzgado quiénes eran los funcionarios que se encargaban de visitar la mina, apareció el nombre de Revilla. El caso se archivó por la vía penal en 2001, al considerar la Audiencia de Sevilla que no había existido "imprudencia grave" en la vigilancia de una balsa que, cuando se rompió, puso en peligro Doñana.
El Mundo añade que Ecologistas en Acción siempre ha señalado a Revilla como uno de los defensores de los propietarios de Cobre Las Cruces, otra de las grandes explotaciones mineras de Sevilla, contra la que han realizado varias denuncias.
Una mesa de contratación sospechosa
Además de Revilla, en la mesa de contratación estaba Sebastián Camacho, secretario general de la Delegación de Medio Ambiente en Sevilla, al que los ecologistas critican por el papel que jugó en la ampliación de la concesión de la cantera de la Sierra de Morón que explota la empresa Sidemosa. Ecologistas en Acción lleva años denunciando que la empresa ha hecho, enmascarada en un plan de restauración de la cantera, una ampliación de su actividad sin evaluación de impacto ambiental alguna. En febrero, el Defensor del Pueblo de Andalucía dictó una resolución en la que consideraba que tanto el Ayuntamiento como Medio Ambiente han ocultado información urbanística determinante para una correcta Declaración de Impacto Ambiental, ordenando revisar la actuación.
Camacho también autorizó un crematorio en Morón de la Frontera, cerca de un colegio y de cientos de viviendas; posteriormente, los tribunales dictaminaron que incumplía la declaración de impacto ambiental.
Otro miembro de la mesa técnica fue Alberto Fernández-Bueno, ingeniero de minas presente en el comité técnico y actual jefe de área de Minas de la Consejería, llevaba un mes trabajando en Boliden en abril de 1998 cuando ocurrió el desastre. Trabajó en la multinacional sueca desde marzo de 1998 hasta 2002. En abril de 1999, la mina reabrió con el permiso de Industria. En 2002, Fernández Bueno pasó a ser "asesor técnico" en la Consejería. En enero de 2014, el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, anunció la convocatoria del concurso internacional y, en marzo, Fernández Bueno fue ascendido a jefe de área, entrando en la mesa técnica, donde podría haber aportado conocimientos técnicos por haber trabajado allí mismo, en la corta de Aznalcóllar.
Por último, Juan José García Bartolomé, representante de Invercaria en Málaga, sería el "empleado público con experiencia en valoraciones económicas y financieras". Uno de los hombres que dio por bueno, por ejemplo, que se acreditara el capital social "con simples capturas en la web", según les critica la juez Patricia Fernández.
Ecologistas en Acción ha dicho que si hallan indicios de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociación ilegal que denunció la competidora excluída Emerita ante la juez, no se conformará con pedir responsabilidades a la directora general de Minas, sino que acusarán también a sus superiores desde el consejero Maldonado hasta llegar hasta la presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz. Claro está que, como reflejó El Mundo, si Ecologistas pidiera la imputación de Díaz y la jueza la admitiera, ésta tendría que derivar el caso al Tribunal Supremo para que tomara declaración a la líder socialista, aforada como diputada andaluza.
Ecologistas en Acción denunció a Grupo México
Ecologistas en Acción ya dijo que el concurso no otorgaba ninguna autorización ambiental y por tanto se trataba de un anuncio electoralista del PSOE de Susana Díaz. Además, denunciaron que los responsables políticos del PSOE en la Consejería de Economía habían presionado hasta lo inadmisible a la Comisión Técnica y Mesa de Contratación del concurso para que lo resolvieran lo antes posible, de manera que su candidata pudiera anunciar la reapertura de las minas de Aznalcóllar en plena campaña electoral.
Ante la incertidumbre medioambiental que presentaba el proyecto ganador, Ecologistas recordó que el pasado mes de agosto de 2014 el Grupo México protagonizó el "peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos", según calificó el gobierno federal de México al vertido de sulfato de cobre en el río Sonora. El desastre ocurrió el 6 de agosto de 2014 con el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México.
En este mismo mes de febrero, las autoridades sanitarias mexicanas anunciaron que los daños producidos tendrían que ser objeto de seguimiento durante 10 años en 270 personas que fueron afectadas por los lixiviados de sulfato de cobre y aluminio vertidos al río Sonora por la minera Buenavista del Cobre, de Grupo Minera México, en agosto de 2014.