Invercaria, implicada en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

El caso Invercaria, uno de los principales casos de corrupción que afectan a la Junta de Andalucía y el PSOE andaluz, saltó a la luz pública porque uno de sus técnicos, Cristóbal Cantos, grabó la conversación que sostuvo con su presidenta, Laura Gómiz. En ese diálogo, Gómiz le exigía a su subordinado elaborar informes falsos para justificar situaciones irregulares. Ahora, la misma empresa Invercaria es la que ha asesorado a la Junta en la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar a una asociación de empresas relacionada con el PSOE.

Según publica hoy El Mundo, Invercaria tuvo un papel decisivo en el concurso para adjudicar la mina de Aznalcóllar, en el que, según la juez, se actuó "sin ningún rigor" y saltándose la ley.

El informe encargado por la Junta para justificar su actuación en el caso Mina de Aznalcóllar aporta argumentos que la Junta necesita para refutar el razonamiento jurídico de la magistrada encargada del caso que afirmó en su auto que las empresas beneficiarias, Minorbis-Magtel y Grupo México no cumplían ni uno solo de los requisitos exigidos en el concurso.

La letrada que ha estructurada este informe es precisamente Pastora Sánchez, integrante de la mesa de contratación que adjudicó a la mencionada empresa la mina de Aznalcóllar. El informe de 18 páginas concluye que la adjudicación se ajusta a Derecho.

Sin embargo, la juez detectó las siguientes irregularidades:

a) El consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento.

b) No acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo informe de la Oficina Consular.

c) Incumplía los requisitos medioambientales como denunció Emerita.

d) Ninguna de las dos empresas asociadas detallaban en su propuesta las inversiones comprometidas, muy inferiores a la ofertada por Emerita.

e) La asociación de Minorbe-Maftel y Grupo México no se hizo mediante un contrato sino mediante una "declaración conjunta de compromiso" que, en palabras de la juez, no excede de "una declaración de buenas intenciones".

f) Tampoco presentaron el obligatorio seguro por importe mínimo de 1,5 millones.

g) El deber de acreditar el capital social lo solventaron con "simples capturas de pantalla de las web".

h) El equipo técnico –que la Junta puntuó con la máxima nota–, presentaba "evidentes" carencias y deficiencias, mientras que en lo que respecta a la maquinaria tampoco se observan los requisitos, hasta el punto de que ni siquiera está situada en España, sino en América.

Los servicios jurídicos de la Junta, a petición de la propia Consejería de Economía, han redactado un informe de 18 páginas en el que concluyen que, "a la vista de la información puesta a disposición de la mesa de contratación, la actuación de la misma, desde un punto de vista jurídico, se ajusta a Derecho".

No sólo la acreditación de la solvencia de la ganadora se hizo correctamente, según los letrados de la Junta, sino que no era necesario el certificado consular para Grupo México y no había que suspender el proceso porque la Ley de Contratos no era de aplicación en este caso.

Llama poderosamente la atención que la letrada que firma el informe, Pastora Sánchez, sea precisamente una de las integrantes de la mesa de contratación que adjudicó a la empresa ligada al PSOE el derecho de explotación de la mina de Aznalcóllar.

Invercaria, que asesoró a la Dirección General de Minas, cuya titular María José Asencio declara hoy en la Policía Nacional avaló una de las irregularidades más graves que destaca la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en referencia a los pantallazos de la página web de Grupo México con los que la ganadora del concurso, Magtel, acreditó su solvencia técnica y económica. Asencio, que reclamó apoyo técnico a Invercaria, y le enviaron a Pilar Trujillano, testigo judicial en el caso Invercaria por una feria virtual que nunca llegó a funcionar.