El 31 de octubre de 2007 es la fecha clave en el calendario de muchos militares. Ese día, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una histórica ley de Carrera Militar que contó con el apoyo de PSOE, CiU y algunos de los partidos minoritarios del Grupo Mixto. Después de sortear 421 enmiendas en el Congreso y 129 en el Senado, el entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso, abandonó pletórico el hemiciclo.
La satisfacción de los mandos políticos de aquel Ministerio de Defensa y de los diputados del PSOE distaba mucho de cómo recibieron la nueva ley aquellos cuya carrera profesional dependía de la misma. Menos de un año después más de 800 oficiales habían presentado recursos contencioso-administrativos, pese a lo que el ministerio, ya comandado por Carmen Chacón, rechazó aplicar una moratoria en la integración de escalas de oficiales que planteaba la ley.
En 2009, cuando los recursos de los militares colapsaban Defensa y los tribunales, y su número se contaba ya por miles, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) sacó a los militares a la calle para mostrar su rechazo a la misma. El número de asistentes no fue muy numeroso, tampoco lo esperaban sus convocantes. Eran tiempos en los que el PP se mostraba muy duro con el desastre interno creado por la ley e, incluso, proponía una modificación urgente de la misma.
La Audiencia Nacional dio en 2010 varios palos a Defensa al plantear al Constitucional la posible inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Carrera Militar sobre el curso de adaptación para la incorporación a la escala única de oficiales y su equiparación a un título de grado universitario. Las movilizaciones de AUME continuaban en las calles e incomodaban sobremanera a una ministra Carmen Chacón que solo quería el ministerio como lanzadera para suceder a Rodríguez Zapatero.
El nerviosismo en Defensa llegó a ser tal que contraprogramó una de las movilizaciones de AUME a las puertas del ministerio convocando a los periodistas por SMS para que la subsecretaria de Defensa, Victoria San José, máxima responsable de la Ley de Carrera Militar, hiciera unas declaraciones a los periodistas. La polémica por esta acción hizo que Chacón la cesase unos días después para intentar aplacar los ánimos, pero no resultó.
Antes de las elecciones generales de noviembre de 2011, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Derechos y Deberes de los Militares. La misma, incluía una disposición adicional duodécima en la que que daba un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma para reformar la ley de Carrera Militar, pero los comicios generales, la constitución de las nuevas Cortes y la falta de voluntad lo retrasaron todo.
En febrero de 2013, con un retraso que empezaba a hastiar a algunos militares, la Cámara Baja dio el primer paso para reformar la Ley de Carrera Militar con la creación de una subcomisión específica para reformar el texto legal. Más de dos años después, PP y PSOE han pactado un texto para intentar arreglar algunos de los problemas que provocó la entrada en vigor de la ley, aunque totalmente insuficiente según las asociaciones profesionales de militares.
"La Ley de Carrera Militar era imprescindible y respondía a una necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas. Otra cosa ha sido el resultado de esa necesidad. El devenir de los años ha supuesto que ha habido miles y miles de militares afectados. Ha generado más problemas de los que realmente ha resuelto. Ha generado problemas a militares que tenían una carrera profesional y a los que les han cambiado las reglas del juego a mitad de partido", recuerda Mariano Casado, secretario general de AUME.
"La subcomisión del Congreso generó expectativas, pero el texto no las colma en absoluta. Creemos que no va a resolver unos problemas que afecta a todas las escalas por igual. No va a acabar con la temporalidad de la escala de tropa y marinería, si resuelve los problemas de desarrollo de las carreras profesionales de los suboficiales y oficiales. Nos encontramos ante una nueva ocasión perdida", añade.
El análisis es bastante similar desde la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO): "Supone una profunda decepción para los miles de militares que llevamos años esperando a que se reparen las discriminaciones y agravios producidos por la inadmisible sucesión de leyes de personal que, aplicadas con carácter retroactivo y sin la más mínima seguridad jurídica, han afectado muy negativamente a nuestra trayectoria profesional".
"No afronta los grandes temas cuya resolución dotaría, por fin, a los militares profesionales de un modelo de carrera justo, eficaz y duradero. Presenta unas modificaciones mínimas y superficiales y se olvida de cuestiones tan importantes como la enseñanza, las evaluaciones y ascensos, la integración de cuerpos y escalas o la promoción interna de los suboficiales, además de no resolver adecuadamente los efectos de disposiciones tan aberrantes como la transitoria séptima que, como caso único en cualquier ejército del mundo, premió la inactividad profesional en detrimento del servicio activo", añaden.