La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución de la Generalidad por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en centros catalanes para el curso 2015-2016.
Según ha informado en un comunicado el departamento que dirige José Ignacio Wert, el recurso, presentado a instancias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha sido admitido a trámite por la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC.
El objetivo es que la Generalidad, en el ejercicio de sus competencias, incorpore en su oferta y planificación educativa el uso del castellano como lengua vehicular en una proporción razonable.
El departamento dirigido por Wert señala que la resolución recurrida "evidencia que la Generalitat actúa una vez más en contra de la doctrina constitucional de la jurisprudencia, al no establecer mecanismo administrativo alguno que posibilite el uso del castellano como lengua vehicular"
El Gobierno solicita que cautelarmente se haga efectivo el derecho de los alumnos a recibir, si así lo solicitan sus padres o tutores, una enseñanza en la que el castellano sea utilizado junto con el catalán como lengua vehicular, y que para ello se fije provisionalmente como mínimo de referencia un 25% de las horas efectivamente lectivas, porcentaje fijado por el TSJC en sus sentencias.
Educación recuerda que en las autonomías con lengua cooficial "las familias tienen derecho a elegir el castellano o la lengua cooficial como vehiculares en la enseñanza de sus hijos". En todas ellas, "con la excepción de Cataluña, se han encontrado soluciones que mayoritariamente optan por sistemas integrados bilingües o plurilingües". Pero el modelo catalán "erradica en la práctica el uso del castellano como lengua vehicular", ofertándose únicamente la asignatura de Lengua castellana y Literatura, "como si de una lengua extranjera se tratase".