Urdangarin exige de nuevo ser juzgado por la Audiencia Nacional

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, aseverando que Nóos no tuvo "margen negociador" con las Instituciones balear, valenciana y madrileña.

Así lo pone de manifiesto en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya que es la Administración pública la que disfruta de un "imperium" y de "poderes exorbitantes" ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos "de forma unilateral".

En este sentido, el Duque de Palma invoca en su escrito que la competencia para juzgar a los 18 acusados del caso Nóos corresponde a la Audiencia Nacional, y no a la Audiencia Provincial de Baleares, donde se prevé celebrar la vista oral a raíz del presunto desvío de más de seis millones de euros públicos y la supuesta defraudación a Hacienda por parte de varios de los procesados, entre quienes se encuentra la Infanta Cristina.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, señala que será en las cuestiones previas -al inicio del juicio- cuando se acoja a la jurisprudencia que establece en siete millones de euros la cuantía mínima para que se pueda considerar que una defraudación pueda producir "una grave repercusión en la economía nacional", lo que correspondería ser juzgado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Precisamente, el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, estimó recientemente que la vista oral podría durar unos "tres o cuatro meses", durante los cuales el juicio se desarrollará "de forma intensa" sin que éste "afecte" al trabajo ordinario de este órgano judicial.

En cuanto al enclave en el que tendrá lugar ante el alto número de acusados y testigos pero sobre todo ante la elevada expectación mediática prevista, el magistrado apuntó que "aún no es el momento" de saberlo puesto que de ello se encargará el tribunal sentenciador.

Antes de todo ello, el juez instructor del caso, José Castro, debe remitir próximamente a la Audiencia toda el procedimiento, cuyo futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.

Se da la circunstancia de que en 2012 la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó asumir la competencia de la investigación en torno al Instituto Nóos, tras así haberlo solicitado el expresidente del Govern Jaume Matas, al alegar que la presunta "defraudación" llevada a cabo a través de Nóos no se provocó "ni grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional ni un perjuicio a un gran número de personas en distintos territorios".

Lista de bienes para ser embargados

Además, el juez José Castro ha iniciado los trámites para que la Infanta Cristina y otros acusados del caso Nóos le hagan entrega de una relación de bienes con los que responder a las fianzas de responsabilidad civil que pesan sobre ellos y que el magistrado les impuso en el auto con el que el pasado mes de diciembre acordó enviarles al banquillo de cara a su enjuiciamiento.

El juez ha dado tres días a los inculpados -excepto a Marco Antonio y Miguel Tejeiro, que ya han presentado su listado- para que entreguen una relación de cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y bienes inmuebles con los que responder a las cauciones, que suman 61,3 millones de euros en total.

Únicamente dos de los procesados han abonado sus fianzas. Se trata del que fuera director general de Deportes en el último mandato de Jaume Matas, el medallista olímpico José Luis 'Pepote' Ballester -que pagó 52.601 euros-, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen -quien presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros-. Por su parte, la Infanta abonó en su día 587.413 euros de la cantidad global que se le exige y que se eleva a 2,6 millones de euros.

Una vez comprobado el valor del patrimonio señalado, el juez Castro procederá a su embargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que alguno de los procesados no designase bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.