El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra cinco aforados nacionales de los ERE, ha interrogado este martes al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, quien señaló que "desde el principio ha habido una estrategia del PSOE de endosarle la responsabilidad de este asunto al Interventor General" .
El que fuera interventor del gobierno andaluz entre los años 2000 y 2010 ha confirmado que la Intervención a través de distintos informes alertó en varias ocasiones de las irregularidades que se estaban cometiendo en torno a este sistema de ayudas sociolaborales en Andalucía pero que la Junta hizo "oídos sordos" de las advertencia mirando "para otro lado".
A su salida del Alto Tribunal, Gómez ha explicado que si fueran ciertas las acusaciones de Chaves y Griñán sobre la Intervención éstas afectarían a "decenas de funcionarios" que trabajan en dicho departamento.
"Las insinuaciones y acusaciones veladas que han hecho de negligencia de la Intervención de la Junta no me afectan solo a mí sino que afectarían, de ser ciertas, que no lo son, a decenas de funcionarios de la Intervención General que durante el perÍodo en el que se está investigando cumplieron siempre con sus obligaciones legales de control", subrayó Manuel Gómez.
El ex interventor explicó ante los medios de comunciación que ha pedido declarar porque "me he sentido injustamente acusado por la personas que han declarado con anterioridad y que tenían las máximas responsabilidades en la Junta en ese periodo", en referencia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Mar Moreno, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, imputados por el juez Barreiro.
No escucharon sus recomendaciones
Asimismo, Gómez sostuvo que el sistema de gestión de las subvenciones de los ERE ha sido "un sistema en el que la Intervención General no tuvo nada que ver, no fue consultada, ni siquiera le fue comunicado cuando se puso en práctica, ni se la dotó de procedimientos adicionales de control".
Por su parte, durante el interrogatorio el ex interventor sostuvo ante el instructor que "el problema fue que los destinatarios de los informes de control no atendieron a sus recomendaciones".
El imputado ha manifestado que "desconoce" si el contenido de sus informes llegaron o se trataron en el Consejo de Gobierno andaluz pero que "es evidente que al menos con ocasión de establecer el control financiero para el siguiente año sí figuraban comentarios referidos a este asunto".
"No se reforzaron los mecanismos de control"
Sí le consta que los informes de actuación "se analizaban en la Consejería de Hacienda" lo que quiere decir "que se analizaban los informes de control financiero de la Intervención", añadió.
Por otro lado, Manuel Gómez -que se encuentra imputado por los delitos de prevaricación y malversación por la juez de Sevilla Mercedes Alaya- ha explicado no se emitió un informe de actuación en el caso de los ERE "porque no procedía legalmente, como confirman autorizados y cualificados testimonios e informes. En su lugar, la Intervención plasmó todas las evidencias que obtuvo en un informe que dirigió a tres miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía", entre ellos a Griñán, José Antonio Viera (ex consejero de Empleo), y el consejero de Innovación, Francisco Vallejo.
Sin embargo, la defensa del expresidente Griñán se agarra a que en otras ocasiones la Intervención de la Junta sí que realiza informes de actuación dirigidos a los consejeros en vez de los informes realizados para este caso a los viceconsejeros.
Por último, Manuel Gómez ha señalado que "no es cierto que el Gobierno andaluz reforzara cada año los sistemas de control" sobre este sistema de ayudas sociolaborales y que desde la Intervencón repitieron una y otra vez que con las transferencias de financiación -el sistema de pago a través del que se desvió el dinero público de los ERE- "se estaban utilizando de forma imprudente".