El juez del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha citado como imputados al exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Este martes declarará el exinterventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, ante el Tribunal Supremo en el marco del caso ERE. La declaración se produce a petición propia, a petición del fiscal del caso y de la acusación popular ejercida por la organización de abogados Manos Limpias. El día 30 declarará el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, a petición del fiscal. Son dos testimonios decisivos porque ambos se han perfilado como los chivos expiatorios señalados por los ex presidentes de la Junta. Por un lado, declararon no conocer nada de la actividad de la Intervención y por el otro, todo el peso del fraude se situaba en la Consejería de Empleo.
El caso de Manuel Gómez Martínez, ex interventor de la Junta, es un caso cuando menos curioso y extraño. Recuérdese que Manuel Gómez Martínez está también imputado por la juez Alaya por no haber desarrollado con pulcritud sus funciones interventoras. En concreto le imputó dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ya que autorizó modificaciones de crédito presupuestario ya antes de 2001. Pero Gómez, que en su blog privado se mofaba antes del escándalo del PP y de Javier Arenas, fue quedándose sin apoyos dentro de la Junta de Andalucía. Es más, se perfiló como "chivo expiatorio perfecto" cuando los máximos dirigentes socialistas achacaron a su "no intervención" como condición principal de la existencia del fraude.
De hecho, recuerda La Razón, los aforados señalaron que el interventor no redactó informes de actuación para obligado cumplimiento del gobierno de la Junta de Andalucía y que todas las advertencias que realizó sobre los procedimientos no tenían peso administrativo suficiente por lo que o fueron guardadas en un cajón o sencillamente no tenidas en cuenta o ni siquiera leídas.
Nada más tener constancia de la gravedad de si situación procesal debido sobre todo a los testimonios de Manuel Chaves y, muy especialmente, de José Antonio Griñán, el ex interventor comenzó una actividad pública destinada a preservar su imagen, a reforzar su presunción de inocencia y a culpabilizar con detalle a los ex presidentes, sobre todo as Griñán cuyo futuro penal depende casi totalmente de la declaración del ex interventor. El instructor Barreiro del Tribunal Supremo escuchará, muy probablemente, la reedición de las declaraciones anteriores del ex Interventor donde había subrayado que las declaraciones de Chaves y Griñán eran inciertas, que no se ajustaban a la realidad y que ambos se habían comportado indignamente.
En julio de 2013, el ex interventor Manuel Gómez, que ha había protagonizado un público enfrentamiento con los exmandatarios de la Junta en la Comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE, declaró ante la juez Alaya. Fueron dos largas sesiones de declaración, una declaración que la Junta intentó evitar sin éxito.
En primer lugar, en su declaración como imputado ante la juez confirmo el contenido de la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE". En aquella carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".
La juez que investiga los ERE falsos le dio la razón y y dio por sentado que Griñán conocía los informes en los que le advertían de irregularidades cuando era consejero de Hacienda. Además, el ex interventor añadió que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz y que "era impensable" que Griñán "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.
Gómez Martínez declaró que en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación" y, en segundo lugar, reafirmó que Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta. Por ello, el gobierno andaluz debía conocer que aprobó el sistema de junio de 2001, en relación al sistema de transferencias de financiación, para pagar las ayudas sociolaborales. También dijo que durante el año 2012 se reunió con la ex consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.
Gómez dijo que no emitió el preceptivo informe de actuación, que hubiera paralizado el procedimiento utilizado por la Junta para las ayudas, porque "habría quedado en un cajón" igual que los anteriores.
El ex interventor, recibido entonces a las puertas del juzgado de Alaya con pancartas en las que se podían leer frases como 'Fuerza y honor, juez Alaya'; 'Todos con Alaya, Mercedes de Andalucía', o 'Los héroes existen', podría inclinar definitivamente la balanza en el Tribunal Supremo contra los ex presidentes de la Junta.
Se espera que tras estas dos declaraciones, el juez Barreiro decida si continúa el proceso contra todos o parte de los cinco aforados que componen esta parte del caso ERE.