Las prisas y el afán de notoriedad han tenido consecuencias. La pelea contra el reloj de los responsables de Dignidad y Justicia para acordar con los partidos representados en el Congreso de los Diputados una declaración institucional que condenase la "limpieza nacional" y el "genocidio" cometido por ETA y su brazo político durante cincuenta años no ha tenido todo el éxito esperado por falta de tiempo.
Los representantes de la asociación de víctimas querían reunirse con tranquilidad con todos los partidos para explicarles su planteamiento sobre por qué los crímenes de ETA deben ser considerados como genocidio y resolverles todas las dudas que pudiesen tener. Esa había sido la estrategia empleada en el Parlamento de Navarra, donde se aprobó la declaración el mes pasado, y esa querían que fuese también la estrategia a utilizar en la Cámara Baja.
Sin embargo, la asociación de víctimas tropezó con el afán de protagonismo de UPyD y, más exactamente, de Rosa Díez y Andrés Herzog, quienes presentaron la pasada semana una interpelación al Gobierno utilizando la declaración institucional impulsada por Dignidad y Justicia en el Parlamento navarro. Esto ha provocado que lo que debía ser un trabajo pausado de meses (tres en Navarra), se convirtiera en una lucha contra el reloj de menos de una semana.
Finalmente, cinco partidos políticos (PP, PSOE, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias) han registrado este martes en el Congreso un texto consensuado, pero mucho más rebajado y suavizado que el que se aprobó en Navarra, y que la asociación de víctimas pretendía que se aprobase también en la Cámara Baja.
Cambios en el texto y enfado en DyJ
Mientras en Navarra se aprobó condenar la "limpieza nacional", los "crímenes contra la humanidad y actos de genocidio" cometidos por "la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA", en la enmienda registrada en Madrid desaparece la mención expresa al brazo político de la banda terrorista y el texto se queda en una condena de los crímenes perpetrados por ETA, a sus autores y a quienes les apoyaron.
Otro de los cambios significativos entre ambos textos es que desaparece la expresión "limpieza étnica" y en la enmienda ya no se da por hecho que los crímenes de la organización terrorista ETA fueron un genocidio, sino que se anima a la Justicia a "determinar si, además de su consideración en el ámbito moral y social, fueran constitutivos jurídicamente de delitos de genocidio o lesa humanidad".
El enfado ahora en la asociación de víctimas es evidente. "Bastante que se haya conseguido firmar algo. Si hubiera habido tiempo de hablar con todos habría salido un texto mucho más contundente e, incluso, con algún partido más dentro del consenso. Ha habido un personalismo por encima de un bien común", ha asegurado Daniel Portero, presidente de DyJ, a Libertad Digital.
"La interpelación de Rosa Díez y Andrés Herzog ha roto cualquier tipo de negociación. No se puede explicar telefónicamente en una semana lo que en Navarra se tardó en hacer tres meses y yendo allí a reunirse con los grupos. Les pedimos que retiraran la interpelación y no lo hicieron. Han precipitado todo para capitalizar algo que sabían que sin consenso muchos partidos no iban a firmar", continúa.
"Ha sido una negociación por imposición, pero fruto del trabajo de Dignidad y Justicia, porque ellos ni siquiera han hablado con nadie. No han llamado a ningún partido aunque se comprometieron a ello en los micrófonos de esRadio. Se han aprovechado del trabajo de otros y hemos tenido que esforzarnos en esta semana para salvar los muebles", concluye.