Hace menos de un mes, el Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional en la que condenaba la "limpieza nacional y los crímenes contra la humanidad de la izquierda abertzale y su brazo armado ETA". La misma añadía que la institución foral reconocía y condenaba también "los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio" que habían sido cometidos durante cincuenta años en el País Vasco y Navarra.
El texto, que fue propuesto por Dignidad y Justicia, fue aprobado con el apoyo de los tres partidos constitucionalistas con representación parlamentaria en la región, es decir, UPN, PSN y PP, y la abstención de la coalición Izquierda-Ezkerra (formada por IU y Batzarre), aunque estos últimos estuvieron cerca de apoyar la misma durante buena parte de la etapa de concienciación que desarrolló la asociación de víctimas en la Cámara foral.
El acuerdo se consiguió después de que los miembros de Dignidad y Justicia dialogasen durante semanas con los miembros de las formaciones políticas, les explicasen con todo tipo de detalles el porqué de calificar los actos de ETA como de "genocidio", "limpieza nacional" o "crímenes contra la humanidad", les aclarasen todas sus dudas. Todo, sin luz, ni taquígrafos, ni flashes de los medios de comunicación, haciendo una auténtica labor de fontanería política.
Encaminada ya la história declaración institucional que acabó aprobando el Parlamento navarro, desde la asociación de víctimas comenzaron a trabajar en que esa misma condena pudiese hacerse realidad en el Congreso de los Diputados, para lo que iniciaron una ronda de contactos con buena parte de los partidos políticos con representación. Pero el problema llegó tras el encuentro mantenido con Rosa Díez y los representantes de UPyD.
Pese a que desde Dignidad y Justicia se trasladó al partido magenta que la táctica que querían seguir era la misma que había conseguido sacar adelante la resolución en Navarra, es decir, hablar primero con todas las formaciones políticas para llegar a un acuerdo general y que la declaración institucional pudiese salir adelante "sin protagonismos partidistas" o "desconfianzas políticas" que pudiesen ponerla en riesgo, UPyD decidió registrar una interpelación al Gobierno sobre el tema.
"Rosa Díez nos dio su palabra de que no actuarían de forma unilateral y la ha incumplido. Estamos muy dolidos, porque esto solo sirve para entorpecer el consenso", asegura a Libertad Digital Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. "Pedimos a UPyD que la retirase en cuanto nos enteramos de que habían registrado la interpelación, pero no lo han querido hacer", añade, tras lo que no tiene dudas en criticar el "afán de protagonismo" de la dirigente de UPyD.
El registro de la interpelación de la formación magenta se produjo antes incluso de que los representantes de DyJ llegasen a sentarse a dialogar con los responsables de los grupos parlamentarios de PSOE e IU, lo que hizo que tuviesen que empezar la misma limando la desconfianza que genera el hecho de que les fuesen a pedir apoyo para un tema sobre el que un partido político ya había registrado una moción por su cuenta.
"Seguimos trabajando con los partidos políticos para tratar de alcanzar un consenso como si UPyD no hubiera registrado su interpelación. Tenemos el apoyo casi seguro de PP y UPN, hay cosas que todavía están pendientes de aclarar con PSOE e IU. Cuando sepamos el posicionamiento final de ellos, pasaremos a hablar también con los grupos parlamentarios de CiU y PNV", añade Daniel Portero.
La intención de la asociación de víctimas es implicar en el tema, incluso, a partidos políticos que todavía no están en el Congreso de los Diputados, pero que todas las encuestas auguran que tendrán una relevancia importante en el futuro, como Ciudadanos o Podemos. Con los primeros ya se ha celebrado el primer encuentro. Con los segundos, la asociación todavía está pendiente de poder concertar una primera reunión para presentarles el tema.