Las declaraciones judiciales de José Antonio Griñán y su mano derecha en la Consejería de Hacienda de 2004 a 2008, Carmen Martínez Aguayo, coincidieron en confesar que no se leyeron las advertencias del Interventor General de la Junta de Andalucía hasta 2011, Manuel Gómez, que en número de 15, subrayaban la ilegalidad de determinados procedimientos, como el fondo de reptiles, que terminaron por hacer estallar el caso ERE. Ahora, la juez Alaya, en un nuevo auto, afirma que se los informes de la Intervención fueron "menospreciados" en la Junta no sólo en caso ERE sino en las empresas públicas en general.
Además del "menosprecio" a los informes de la Intervención General sobre las deficiencias en el pago de las ayudas en el caso ERE, la juez extiende las irregularidades cometidas en los ERE a las empresas públicas de la Junta. Alaya indica que las memorias de la Intervención y las actas de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como "consejillo" y cuyas reuniones son previas a los Consejos de Gobierno, revelan "generalizados incumplimientos" por empresas públicas de la Junta respecto a las transferencias de financiación, el procedimiento denunciado por la Intervención.
Según el grupo Joly, en el auto la juez subraya el "menosprecio de los titulares de las Consejerías y, por ende, del Gobierno de la Junta, al contenido de los informes de la Intervención, pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio". Recuérdese que Manuel Gómez, el ex interventor general de la Junta de Andalucía denunció públicamente que al menos emitió 15 informes advirtiendo de los mecanismos ilegales utilizados en la Junta. Según él, los remitía directamente al Consejero de Hacienda, entonces José Antonio Griñan. Pero según Martínez Aguayo, ella los recibía y los metía en un cajón sin hacérselos llegar a Griñán porque les llegaban cien al año y ninguno era relevante para la actividad de la consejería.
Como es sabido, las transferencias de financiación sólo pueden utilizarse en la Administración Pública para compensar pérdidas y ganancias resultado del ejercicio en lasa cuentas públicas. Pero la juez Alaya considera, y es el meollo del caso ERE, que eran "ilícitamente utilizadas por la simplicidad de su trámite y control, para encargos de ejecución o para la concesión y pago de subvenciones excepcionales". Sin embargo, no se usaron "para lo que estaban legalmente destinadas, que era para la cobertura de sus pérdidas, en claro paralelismo con la situación analizada del IFA/Idea", subraya la magistrada.
Este uso irregular de tales transferencias obtenía una "recriminación generalizada" de la Intervención General de la Junta, lo que conocían los "máximos responsables de la Junta de Andalucía". Pero su uso inadecuado se extiende a "múltiples empresas públicas de la Junta" y el Gobierno tenía conocimiento de las "irregularidades", según Alaya, por las memorias elaboradas de la Intervención y al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.
En el auto, la juez advierte que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero declaró que hubo intentos de regular las ayudas sociales a trabajadores afectados por los ERE en sustitución del procedimiento de las transferencias, pero, como el proyecto de decreto elevado en diciembre de 2000 al consejillo por el ex viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, todo finalmente se "guardó en un cajón".
Por ello y para escapar del controla administrativo, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que supuso el "pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la Dirección General de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas".