El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha rechazado este jueves los recursos de que presentaron las defensas de los imputados Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán contra su decisión de enviar a la juez Mercedes Alaya -instructora principal de los ERE- la contrapericia aportada por la defensa del expresidente Griñán.
Los abogados de los socialistas también recurrieron la decisión del instructor del Alto Tribunal de solicitar a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) una ampliación de su informe sobre la trama de los ERE fraudulento.
En el auto, Alberto Jorge Barreiro rechaza todas las pretensiones de las defensas y sostiene que "al tratarse de dos procedimientos con una amplia base fáctica compartida, y siendo patente que lo que se instruye en el Tribunal Supremo es una mera derivación del macroproceso que se tramita en Sevilla (...) entiende este instructor que el contenido de la contrapericia aportada por la defensa de José Antonio Griñán es uno de los muchos temas comunes de ambos
procedimientos, por lo que no se albergan dudas sobre la pertinencia de la remisión del informe al Juzgado de Instrucción de Sevilla que tramita la causa nodriza de la que se nutre el procedimiento de los aforados".
A mayor abundamiento, el magistrado explica que "cuando consten en el presente procedimiento datos que afecten a la investigación de los hechos atribuibles a los no aforados, este instructor deberá remitir al Juzgado de Sevilla el testimonio de lo actuado" y viceversa.
No obstante, el juez del Supremo reconoce que esta dualidad de causas judiciales es "uno de los muchos inconvenientes que suscita la fragmentación artificiosa del proceso penal que genera el sistema de aforamientos", en referencia a que Alaya investigue el grueso de esta macrocausa de corrupción y el Alto Tribunal tan sólo lo referente a los cinco aforados nacionales.
Reuniones con los peritos
Por otro lado, el juez rebate también la objeción de la defensa de Zarrias a las reuniones que ha venido manteniendo Alberto Jorge Barreiro con los peritos de la IGAE, dando a entender la defensa del exconsejero que se trata "de una especie de reuniones cuasi clandestinas y contra legem, que se oponen al ordenamiento procesal" .
Sobre esta cuestión, el instructor responde que esos peritos son judiciales y que fueron asignados al caso desde hace tres años por orden de la juez Mercedes Alaya. Asimismo, el magistrado del TS explica que al asumir la investigación consideró lo más razonable recurrir a estos expertos y a los funcionarios de la Guardia Civil que han venido actuando en el juzgado de Sevilla con el fin de que complementen su investigación respecto a los nuevos imputados en el máximo órgano jurisdiccional de España.
"Para poner las cosas en claro se expondrá un ejemplo muy sencillo
sobre el particular. Cuando un juez de instrucción investiga un delito de homicidio cuenta con la asistencia del médico-forense como perito judicial, que además está en plantilla en el juzgado. Este perito interviene en el levantamiento del cadáver y en la práctica de la autopsia, y desde luego el juez instructor tiene desde el primer momento diferentes reuniones y conversaciones con el experto en medicina forense para conocer qué datos periciales pueden ser relevantes en el diseño de una investigación sobre el presunto autor. Conversaciones y reuniones en las que no están presentes ni el letrado de las defensa ni los peritos de parte, dado que se trata de reuniones orientadas a planificar una investigación y que, por lo tanto, son reservadas y no deben ser conocidas por los investigados", manifiesta Alberto Jorge Barreiro.